Un recurso de amparo ambiental colectivo fue presentado ante la Justicia Federal con el objetivo de dejar sin efecto el Acta Acuerdo suscripta el 26 de junio entre la Provincia del Chubut y YPF SA, ratificada por la Ley XVII N° 166. La acción fue promovida por Jorge Spíndola, vecino de Comodoro Rivadavia, junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, representada por su presidente, Enrique Viale.
Qué pide la demanda
La presentación solicita que se declare la nulidad del convenio y pide además la citación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia como tercero interesado. El escrito cuestiona, por un lado, la transferencia de concesiones de explotación en varias áreas de la provincia y, por otro, la cláusula que libera a YPF de cualquier responsabilidad —pasada, presente o futura— vinculada a los pasivos ambientales generados por más de cien años de actividad petrolera.
Entre las áreas mencionadas en la demanda figuran: El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr. Además, el acuerdo incorpora sin una fundamentación específica la liberación de responsabilidad sobre el área marina Restinga Alí, donde, según el padrón oficial de la Secretaría de Energía de la Nación, se registran 560 pozos, más de un tercio de los cuales no tiene consignado su estado de abandono.
Contraprestaciones y principales cuestionamientos
Como contraprestación por la transferencia, la petrolera habría ofrecido una compensación por USD 25.000.000 y la donación de vehículos y terrenos, mientras que la Provincia asumió la responsabilidad por posibles contingencias futuras derivadas de esos pasivos. La demanda plantea que ese esquema resulta insuficiente y viola normas de orden público ambiental amparadas por la Constitución y tratados internacionales.
- Falta de auditoría ambiental independiente: el estudio técnico en que se basó el acuerdo fue encargado y financiado por YPF, sin control técnico por parte del Estado provincial, según el parte de prensa que acompaña la presentación.
- Contradicciones con la Secretaría de Ambiente: la demanda apunta a disposiciones administrativas provinciales que reconocen la existencia de pasivos "no individualizados" que todavía deben relevarse.
- Ausencia de participación ciudadana: se alega que no hubo mecanismos de consulta previa a la firma del acuerdo, lo que vulneraría garantías constitucionales y normas de participación pública.
Los planteos jurídicos se basan en la idea de que el convenio, además de transferir derechos, recarga a la Provincia con contingencias y limita la exigencia de reparación o remediación frente a daños ambientales acumulados durante décadas.
Datos claves en el acuerdo
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fecha del Acta Acuerdo | 26 de junio |
| Ley que la ratificó | XVII N° 166 |
| Compensación ofrecida | USD 25.000.000, más donaciones de vehículos y terrenos |
| Áreas involucradas | El Tordillo; La Tapera; Puesto Quiroga; Escalante-El Trébol; Campamento Central-Cañadón Perdido; Manantiales Behr; Restinga Alí (marina) |
| Pozo en Restinga Alí | 560 pozos según padrón, con más de un tercio sin estado de abandono registrado |
Qué seguirá en la justicia
La causa quedó ingresada para su análisis en la Justicia Federal, que deberá resolver si admite a trámite el amparo colectivo y, eventualmente, ordenar medidas cautelares que suspendan los efectos del acuerdo mientras se tramita el proceso. Entre las pruebas y acciones que la demanda solicita figuran la nulidad del acto administrativo que aprobó la transferencia y la verificación técnica independiente de los pasivos ambientales.
Este reclamo abre un debate más amplio sobre la gestión de los pasivos hidrocarburíferos en Chubut, la responsabilidad corporativa y el rol del Estado en garantizar reparaciones ambientales adecuadas. Para comunidades like la de Comodoro Rivadavia, donde la actividad petrolera marcó la economía y el paisaje, la resolución judicial tendrá consecuencias prácticas: desde la asignación de recursos hasta la definición de quién debe afrontar tareas de remediación y monitoreo.
En los próximos pasos del proceso judicial habrá que seguir la presentación de pruebas técnicas, la éventual intervención de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la postura que adopten la Provincia y YPF en su defensa. Por ahora, el reclamo planteado por Spíndola y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas pone en primer plano la tensión entre una solución administrativa pactada y la exigencia de transparencia, control independiente y reparación ambiental integral.
La iniciativa judicial refleja, además, un reclamo social que combina preocupaciones por la salud ambiental, la seguridad de las zonas costeras y terrestres afectadas y la asignación de responsabilidades por pasivos históricos. La Justicia Federal será la encargada de dirimir si el acuerdo se mantiene o si corresponde retrotraer lo actuado para garantizar controles y participación ciudadana.
