Medida municipal busca garantizar accesibilidad y ordenar el tránsito
La Municipalidad de Puerto Madryn puso en marcha una nueva normativa destinada a ordenar y ampliar los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad o movilidad reducida. La iniciativa, contenida en la Ordenanza 15.218, incluye además un régimen de sanciones que prevé multas de hasta $1.500.000 para quienes ocupen esos lugares de manera indebida.
Las autoridades explicaron que el objetivo central es reducir la distancia entre el vehículo y el destino de quienes necesitan mayor accesibilidad, mediante la incorporación y mejora de espacios en puntos estratégicos de la ciudad. El crecimiento de la circulación vehicular y la mayor demanda de estacionamiento fueron esgrimidos como motivos para actualizar el marco regulatorio.
Áreas prioritarias y forma de implementación
Según el texto, la ampliación de los cupos reservados alcanzará especialmente al centro —donde se proyecta incorporar al menos un espacio reservado por cuadra—, a los accesos de edificios públicos y privados y a distintos sectores de la costa. La generación de nuevos lugares y las modificaciones de los existentes serán analizadas y aplicadas de manera progresiva, ubicación por ubicación.
- Centro: al menos un espacio reservado por cuadra.
- Accesos a edificios públicos y privados: priorización para garantizar ingreso y egreso.
- Costa: incorporación de nuevos espacios en sectores con alta demanda.
Régimen sancionatorio y aclaraciones de Tránsito
La ordenanza modifica el esquema de infracciones para quienes usen los estacionamientos reservados sin habilitación. Desde la Dirección de Tránsito se puntualizó que no hace falta permanecer mucho tiempo para ser sancionado: una detención breve que impida el uso del lugar por parte de una persona con discapacidad o movilidad reducida puede ser detectada y multada.
Una detención breve puede ser sancionada si el vehículo impide que otra persona utilice el espacio reservado, dijeron desde la Dirección de Tránsito.
El monto máximo de la sanción, $1.500.000, busca funcionar como un disuasivo frente a las ocupaciones momentáneas que, de acuerdo con el municipio, suelen ocurrir por compras, trámites u otras gestiones cotidianas.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Norma | Ordenanza 15.218 |
| Multa máxima | $1.500.000 |
| Zonas prioritarias | Centro, costa, accesos a edificios públicos y privados |
| Implementación | Progresiva, por ubicación |
Repercusiones para la ciudad y el uso del espacio público
La modificación del régimen de estacionamiento implica cambios concretos en el movimiento diario de la ciudad. Para personas con dificultades de movilidad, una mayor disponibilidad de lugares cercanos a comercios, oficinas y espacios públicos significa menos barreras para circular; para el resto de los conductores, supone mayor rigidez frente a paradas rápidas que antes podían no sancionarse.
La norma apunta también a que el espacio público responda a criterios de accesibilidad más exigentes, y a que la política de estacionamiento se adapte al crecimiento del parque automotor y a la presión sobre áreas centrales y costeras. La implementación por zonas permitirá al municipio estudiar cada caso antes de intervenir, aunque desde Tránsito ya anunciaron que la fiscalización considerará tanto ocupaciones prolongadas como detenciones breves que impidan el uso por parte de quienes tienen prioridad.
Quedan por definir en los próximos pasos cuál será el cronograma concreto de instalación y señalización de los nuevos espacios, los mecanismos de control y pago de las multas, y la comunicación de la normativa a vecinos y comerciantes para evitar confusiones una vez que comience la fiscalización efectiva.
La medida se enmarca en un enfoque que combina gestión del tránsito y política de accesibilidad, con la intención explícita de priorizar el derecho a la movilidad de personas con discapacidad y movilidad reducida frente a usos momentáneos del espacio urbano.
