El 19 de octubre comienza en Rawson el juicio oral contra Guillermo Quiroga, ex secretario general de ATE Chubut, acusado de la presunta comisión de delitos vinculados con la administración de fondos del sindicato. La causa, que ya llegó a etapa de debate, fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
Acusación y magnitud del perjuicio
Según el expediente, durante el período investigado se registraron transferencias efectuadas desde cuentas del sindicato hacia cuentas personales de Quiroga y de integrantes de su entorno familiar. En la instrucción se consignó inicialmente un monto en torno a $22.000.000, que luego —al actualizarse valores y recalcular operaciones— se elevó a más de $500.000.000, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal.
La fiscalía a cargo del proceso está encabezada por el fiscal general jefe Lucas Papini. El debate estará presidido por la jueza Karina Breckle, quien conducirá las audiencias previstas en la sede judicial de la capital provincial.
Pruebas y testigos
El material que integra la acusación incluye documentación obtenida tras el levantamiento del secreto bancario, que la fiscalía considera contundente para demostrar las transferencias objetadas. Está previsto que rindan declaraciones alrededor de un centenar de testigos, según consta en el expediente que llegó a juicio.
- Documentación bancaria: registros de transferencias y movimientos desde cuentas sindicales.
- Testimoniales: cerca de 100 personas citadas a declarar.
- Pericias contables: informes que actualizan y revalúan los montos involucrados.
Penas solicitadas y postura procesal
La Fiscalía solicitó para Quiroga una pena de tres años y dos meses de prisión efectiva. Por su parte, las querellas promovidas por las organizaciones de afiliados que impulsaron la acción penal reclamaron sanciones de hasta cuatro años e inhabilitación para ocupar cargos gremiales.
La causa llegó a juicio luego de que la jueza de instrucción, Eve Ponce, rechazara pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa y admitiera las acusaciones formuladas por la Fiscalía y por los querellantes Danilo Sepúlveda y Alejandro Castillo, representantes de un sector de afiliados de ATE.
Impacto local y contexto sindical
El proceso tiene fuerte repercusión en el ámbito sindical de la provincia, donde ATE agrupa a numerosos trabajadores estatales. Para afiliados y dirigentes locales, el juicio será clave en términos de transparencia interna y rendición de cuentas en el manejo de recursos. Los representantes de la querella —afiliados que denunciaron irregularidades— acompañaron la elevación a juicio y sostienen la necesidad de que el proceso aclare la situación patrimonial atribuida al ex dirigente.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fecha de inicio del juicio | 19 de octubre |
| Jueza a cargo | Karina Breckle |
| Fiscalía | Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (Lucas Papini) |
| Montos cuestionados | $22.000.000 (valor inicial) → más de $500.000.000 (actualizado) |
| Penas requeridas | Fiscalía: 3 años y 2 meses. Querellas: hasta 4 años e inhabilitación. |
Qué se espera del debate
Durante las audiencias la fiscalía y las querellas intentarán acreditar la existencia de disposiciones de fondos indebidas y la responsabilidad del ex secretario general en la administración de esos recursos. La defensa, en tanto, había presentado pedidos de sobreseimiento que fueron rechazados en la etapa anterior por la jueza instructora, lo que abrió paso al juicio oral.
El desarrollo del proceso será seguido de cerca por afiliados y referentes sindicales de la provincia, y podrá marcar un precedente sobre el control interno de entidades gremiales en Chubut. El tribunal deberá evaluar la prueba documental y testimonial para resolver sobre la culpabilidad o inocencia del acusado y, en su caso, la pena correspondiente.
La causa aportó ya elementos de carácter contable y bancario que, de acuerdo con la fiscalía, demuestran las maniobras investigadas; será ahora el turno del debate público en la sede judicial para que se expongan todos los elementos y se escuchen a las partes.