El gobierno de la provincia de La Rioja formalizó una querella penal contra el presidente Javier Milei por el destino de los recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles destinados al Sistema Vial Integrado. La presentación, elevada a la Justicia Federal, acusa la retención y la redistribución de más de $1 billón que, según el escrito, debía aplicarse a obras y mantenimiento de rutas nacionales y provinciales.
Qué dice la denuncia
El reclamo provincial se inscribe en una batería de acciones judiciales impulsadas en distintos distritos contra funcionarios del área económica nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y entidades financieras por la supuesta malversación o la desviación de fondos que, por ley, son de aplicación obligatoria al sistema vial.
En el texto presentado ante la Justicia se subraya que de una recaudación total superior a $1,5 billones, apenas una fracción fue destinada a bacheo básico y mantenimiento, mientras que el remanente quedó colocado en instrumentos bajo la administración del Tesoro Nacional. La denuncia reclama que esa retención provocó la paralización de obras estratégicas y el abandono de la red de caminos.
Reacción oficial y contexto
Desde la Casa Rosada se reconoció la operatoria: el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que la cartera económica decidió disponer esos recursos en el marco de la coyuntura financiera. Según la versión oficial, la maniobra obedeció a una estrategia de administración de fondos en un contexto presupuestario complejo.
La controversia explotó porque el impuesto a los combustibles tiene una asignación específica y no coparticipable, lo que obliga a su uso para obras viales, según sostienen las provincias querellantes. La cuestión ahora será dirimida por la Justicia Federal, que deberá determinar si la conducta denunciada constituye un delito o si entraba dentro de las facultades de administración del Poder Ejecutivo.
Repercusiones regionales
La presentación de La Rioja no es un caso aislado: otras provincias, legisladores y referentes políticos presentaron denuncias similares en los últimos días. En Mendoza, por ejemplo, se planteó la pérdida de mantenimiento en corredores emblemáticos como la Ruta 7, la Ruta 40 y la Ruta 143, y figuras del radicalismo pidieron que se investigue si las provincias debieron afrontar con fondos propios la recuperación de tramos nacionales abandonados.
- Origen del conflicto: recursos del Impuesto a los Combustibles que debían destinarse al Sistema Vial Integrado.
- Monto involucrado: más de $1 billón que, según la denuncia, fueron colocados en instrumentos del Tesoro.
- Consecuencia práctica: paralización de obras y deterioro de la red de caminos.
Qué será clave en la investigación
La causa que tramitará la Justicia Federal deberá resolver varios nudos jurídicos y técnicos: primero, si la ley que regula la asignación de esos tributos permite la colocación temporal en activos del Tesoro; segundo, si existió incumplimiento doloso o negligente por parte de funcionarios; y tercero, cuál fue el perjuicio real en términos de obras no ejecutadas y daño a la conectividad interprovincial.
Además, los escritos judiciales presentados por La Rioja y otras jurisdicciones apuntan a funcionarios de la cartera de Economía, a la Dirección Nacional de Vialidad y al Banco Nación, lo que amplía el foco de la pesquisa más allá del Poder Ejecutivo central.
Impacto local
Para La Rioja, la afectación de fondos viales tiene efectos concretos: postergación de trabajos de bacheo, reparación de puentes y mejora de accesos rurales. En provincias con amplios corredores de transporte de carga y transporte agropecuario, el deterioro de la infraestructura repercute en costos logísticos y en la seguridad vial.
| Elemento | Situación según la denuncia |
|---|---|
| Recaudación total | Más de $1,5 billones |
| Monto cuestionado | Más de $1 billón |
| Destino observado | Instrumentos del Tesoro en lugar de obras viales |
La resolución del caso tendrá además un componente político: define responsabilidad administrativa y penal, pero también puede condicionar la distribución de recursos en el corto plazo y la negociación entre la Nación y las provincias para obras de infraestructura clave.
Por ahora, la causa quedó radicada en la Justicia Federal y las partes esperan que el fiscal y el juez a cargo determinen si hay mérito para avanzar con medidas de instrucción, citaciones y peritajes contables que permitan reconstruir el flujo de los fondos denunciados.
