El gobierno de la provincia de La Rioja solicitó ante la Justicia Federal ser aceptado como querellante en la investigación que indaga el destino de recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La presentación, firmada por el gobernador Ricardo Quintela en representación del Estado provincial, apunta a determinar si el manejo de esos fondos configuró delitos como malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público.
Alcance de la denuncia y personas alcanzadas
Según la documentación incorporada al expediente, al 31 de mayo de 2026 había colocados en instrumentos financieros —entre plazos fijos y letras del Tesoro Nacional— un total de $1.001.017.908.957 correspondientes al SISVIAL, fondo creado con asignación específica para la construcción, conservación y mantenimiento de la red vial nacional. La presentación provincial incluye en la denuncia a la Presidencia de la Nación (con mención al presidente Javier Milei), al ministro de Economía Luis Caputo y a funcionarios vinculados con la administración de esos recursos.
También figuran en el alcance de la acción judicial autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y funcionarios del Banco de la Nación Argentina que pudieron haber intervenido en las operaciones que motivan la investigación. La Provincia remarca que corresponderá a la Justicia determinar eventual responsabilidad penal.
Lo que dice la Provincia sobre la ejecución de fondos
En la presentación se detalla que durante los primeros dos años y medio de la gestión nacional actual el SISVIAL recibió asignaciones por aproximadamente $1,5 billones, pero que sólo alrededor de $394.406 millones se destinaron efectivamente a obras y mantenimiento vial. Esa comparación da lugar al cálculo provincial de una subejecución cercana al 73,8%, equivalente a que sólo el 26,2% de los fondos asignados fue ejecutado en su propósito original.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Asignado (primeros 2,5 años) | $1,5 billones |
| Ejecutado en obras | $394.406 millones |
| Colocado en instrumentos (31/5/2026) | $1.001.017.908.957 |
Impacto en La Rioja
La presentación provincial no se limita a un cuestionamiento técnico del manejo presupuestario: sostiene también que la escasa ejecución de los recursos tuvo efectos concretos sobre la infraestructura vial de la provincia. En el escrito se describe que la falta de inversión comprometida en el SISVIAL afectó la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento de rutas que son competencia nacional pero con impacto directo en la conectividad y la economía regional.
- La denuncia busca esclarecer si los fondos fueron aplicados a fines distintos a los previstos por el régimen que creó el SISVIAL.
- El pedido de querellante permite a la Provincia intervenir en la causa y acceder al expediente, pruebas y alegatos.
- La responsabilidad penal, en su caso, deberá ser establecida por la Justicia Federal.
Contexto institucional y próximos pasos
La solicitud de La Rioja se inscribe en una causa de amplio alcance nacional, que involucra a funcionarios de alto rango y a organismos públicos. Ahora la Justicia deberá resolver si admite a la Provincia como querellante y continuar con la instrucción para determinar la existencia de eventuales delitos y responsables.
Con la incorporación de la Provincia al proceso judicial, el expediente podría sumar nueva documentación y requerimientos de información a organismos nacionales y entidades financieras que intervinieron en las colocaciones. Hasta que la investigación avance y la Justicia se pronuncie sobre responsabilids y culpabilidades, las imputaciones planteadas en la presentación permanecerán en el terreno de la hipótesis judicial.
La causa, por su naturaleza, también plantea interrogantes sobre la operación financiera de fondos públicos con destino específico y sobre los mecanismos de control y fiscalización que deben garantizar la ejecución de obras comprometidas en todo el país.