El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este martes una medida ejecutiva para endurecer los controles sobre la compra-venta y reparación de celulares usados, con la finalidad explícita de dificultar la incorporación de equipos robados al circuito formal.
Qué dispone el decreto
El jefe de Gobierno firmó un decreto que declara por 90 días corridos la emergencia en el rubro de comercialización y reparación de teléfonos usados en todo el territorio porteño. La orden reglamenta la Ley 6.009, sancionada en 2018, y pone en marcha un plan de medidas cuya columna vertebral es la creación de un sistema de registro y trazabilidad para identificar establecimientos, equipos y operaciones.
Mientras se implementa ese registro, la norma encomienda a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que aplique “procedimientos extraordinarios de fiscalización” con el objetivo de verificar la “legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos”. Los locales dedicados a la compraventa o reparación deberán acreditar el origen legítimo de los equipos que comercializan o poseen.
“Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”, sostuvo Jorge Macri tras dar a conocer el nuevo decreto.
Alcance y objetivos
La iniciativa apunta a atacar dos eslabones del circuito ilegal: la reventa de teléfonos robados y el desarme para traficar piezas. La creación del registro busca, según la Administración porteña, permitir la identificación puntual de comercios, equipos y operaciones y así reducir el ingreso de equipos hurtados a la cadena formal.
En paralelo, los controles reforzados de la AGC intentarán comprobar documentalmente la procedencia de los aparatos y repuestos en manos de los talleres y locales. Se trata de una herramienta administrativa que complementa la acción judicial y policial frente a este tipo de delitos.
Medidas principales
- Declaración de emergencia por 90 días para el rubro de compra-venta y reparación de celulares usados.
- Creación de un registro y sistema de trazabilidad para comercios, equipos y operaciones.
- Fiscalizaciones extraordinarias a cargo de la AGC para acreditar el origen legítimo de los equipos y repuestos.
El decreto reglamenta una ley vigente desde 2018, por lo que la novedad principal es la declaración de emergencia y las facultades de control inmediato que habilita la Ciudad.
Impacto y desafíos
En la práctica, implementar un sistema de trazabilidad plantea varios desafíos técnicos y operativos: cómo se registrarán los IMEI o identificadores de equipos, qué documentación mínima deberá exigir cada comercio, y cómo se coordinará la información con fuerzas de seguridad y fiscalías. El texto oficial ordena la creación del registro, pero la norma no detalla en el comunicado público los procedimientos técnicos concretos ni los plazos de puesta en marcha.
Además, la fiscalización intensiva sobre pequeños talleres y puestos dedicados a la reparación podría generar fricciones en barrios donde ese oficio funciona como fuente de ingresos para muchas familias. El balance entre control y formalización será una variable a seguir en las próximas semanas.
Contexto porteño
La medida se suma a otras iniciativas del Ejecutivo para afrontar problemáticas vinculadas al delito y al espacio público. En su anuncio, el jefe de Gobierno planteó la dimensión criminal del fenómeno y prometió actuar con “todo el peso de la ley”.
Desde el punto de vista ciudadano, la expectativa es doble: que el registro reduzca la oferta de equipos robados y que las fiscalizaciones desincentiven la demanda de teléfonos ilícitos. Para muchos usuarios, además, la medida podría implicar trámites adicionales al comprar un teléfono usado: pedir factura, constancia de transferencia o algún comprobante que acredite la procedencia.
| Medida | Responsable | Plazo inicial |
|---|---|---|
| Declaración de emergencia | Jefatura de Gobierno | 90 días corridos |
| Registro y trazabilidad | Administración porteña (implementación central) | En implementación |
| Fiscalizaciones extraordinarias | AGC | Inmediato |
Queda por ver cómo se articulará la nueva base con instancias nacionales o privadas (por ejemplo, operadores y fabricantes) que llevan datos técnicos sobre equipos. La rapidez en la instrumentación será clave para que la medida impacte en la circulación de celulares robados, y no se limite a una advertencia sancionatoria.
En las próximas semanas la ciudad deberá publicar las directrices operativas y los requisitos que exigirá a comercios y talleres. Mientras tanto, el Ejecutivo porteño plantea una apuesta clara: trasladar al plano administrativo la lucha contra una cadena que, según su diagnóstico, actúa como una “mafia” dedicada al robo, al desarme y a la comercialización de celulares.
