Una nueva restricción para los registrados por incumplir pensiones
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó una medida que restringe el acceso a las apuestas por internet a todas las personas inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM). La resolución, que afecta a los sitios habilitados por la Lotería de la Ciudad (Lotba), obliga a las operadoras a bloquear cuentas y suspender transacciones de quienes consten en ese padrón.
La disposición implica que los sancionados por adeudar prestaciones alimentarias no podrán abrir nuevas cuentas en las plataformas de juego autorizadas por la Ciudad, ni continuar con actividades ya iniciadas. Además, las empresas deberán congelar o dar de baja los perfiles activos y prohibir depósitos, apuestas y retiros de saldo.
Cómo funcionará el control tecnológico
Para instrumentar el bloqueo, la iniciativa incorpora formalmente el artículo 17 bis a la Ley N.º 269, que es la norma marco del registro de deudores alimentarios en la jurisdicción. Según lo informado, la reforma prevé la creación de mecanismos informáticos que permitirán realizar consultas automáticas entre los sistemas estatales y los servidores de las plataformas de juego.
Ese cruce de datos servirá para corroborar la identidad de los usuarios en tiempo real y activar los bloqueos en caso de coincidencia con el RPAM. El control permanecerá vigente mientras la persona continúe inscripta en el padrón oficial; la rehabilitación del acceso será posible únicamente tras la regularización de la deuda.
Alcance operativo y obligaciones de las empresas
La resolución abarca todas las modalidades de juego digital fiscalizadas por la Ciudad, tanto las de azar como aquellas de destreza que dependan de la autorización de Lotba. En la práctica, las operadoras deberán implementar medidas técnicas y administrativas para cumplir con la normativa, que incluyen:
- Bloqueo preventivo de cuentas asociadas a personas registradas en el RPAM.
- Imposibilidad de realizar depósitos, ejecutar apuestas o concretar retiros.
- Baja o congelamiento de perfiles ya existentes hasta la presentación de pruebas de regularización.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Registro afectado | Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) |
| Norma modificada | Incorporación del artículo 17 bis a la Ley N.º 269 |
| Ámbito | Plataformas digitales habilitadas por Lotba en la Ciudad |
| Operaciones prohibidas | Apertura de cuentas, depósitos, apuestas y retiros |
Implicancias prácticas y debates que abre la medida
En la calle y en el centro de apuestas hay quienes celebran la iniciativa como una herramienta para priorizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Para el Estado porteño, la restricción busca desalentar el uso de recursos para el juego cuando existe un deber de asistencia económica hacia menores o progenitores.
Sin embargo, la decisión trae consigo cuestiones prácticas y jurídicas abiertas: ¿cómo garantizar la precisión del cruce de datos para evitar bloqueos erróneos? ¿Cuál será el procedimiento para que un usuario demuestre la regularización y recupere el acceso? La resolución prevé mecanismos automáticos de verificación, pero la experiencia en cruces interburocráticos suele mostrar demoras y errores que generan reclamos y, en algunos casos, demandas.
Las empresas operadoras, por su parte, afrontan el reto técnico de adaptar sus sistemas en plazos acotados y con costos operativos. También deberán acondicionar sus protocolos de atención al cliente para gestionar apelaciones y solicitudes de rehabilitación de cuentas.
Qué deben saber los afectados
La norma es clara en un punto: mientras la persona figure en el RPAM, el bloqueo se mantiene. Sólo la regularización de la deuda permitirá solicitar la rehabilitación de los servicios en los sitios de juego. En síntesis:
- Si estás inscripto en el RPAM, no podrás operar en plataformas de Lotba dentro de la Ciudad.
- La medida suspende depósitos, apuestas y retiros en forma automática.
- La rehabilitación depende de la acreditación de la cancelación o del acuerdo de pago que elimine la inscripción.
La norma busca priorizar recursos destinados a la manutención de hijas e hijos, pero introduce una disciplina de control que obligará a actores públicos y privados a coordinar procesos técnicos y administrativos. En los próximos días habrá que ver cómo se implementa en la práctica y si surgen controversias judiciales o operativas por bloqueos indebidos.
