El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declaró este martes la emergencia en la venta y reparación de celulares usados en todo el territorio porteño. La medida consta en el Decreto 295/26 y regirá por 90 días corridos, con el objetivo expresado por el Ejecutivo de desactivar el circuito de desarme y reventa de equipos robados.
Qué cambia en la práctica
La norma dispone que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad realizarán operativos coordinados sobre locales del rubro con mayores indicadores de riesgo. La AGC podrá clausurar comercios que no acrediten de forma fehaciente el origen legítimo de los equipos y repuestos que ofrezcan o reparen.
Además, la Ciudad suspendió por 90 días —en las zonas de mayor criticidad— tres trámites vinculados al rubro de celulares usados:
- Inicio y tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica.
- Transferencias de habilitaciones ya existentes.
- Ampliaciones de superficie o de rubro.
Barrios donde la Ciudad concentrará los controles
La primera etapa de intervención alcanza cuatro áreas porteñas que, según el Ejecutivo, concentran delitos e infracciones vinculadas a la compraventa de equipos:
- Retiro — Microcentro
- Balvanera — Once
- Liniers — Límite Oeste
- Chacarita — Villa Crespo
“Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa.” — Jorge Macri
Documentación y sistema vigente
Los comercios deberán acreditar la procedencia de cada equipo, componente o repuesto que tengan en inventario o a la venta. Para esa tarea, el decreto remite a mecanismos ya existentes: la AGC administra el sistema CeluBA, cuyo procedimiento fue aprobado en 2019 y que funciona como plataforma para la verificación de origen de equipos.
En la práctica, la fiscalización implicará que inspectores soliciten documentación y registros de compra y venta; la falta de comprobantes podrá derivar en clausuras y sanciones administrativas.
Medidas resumidas
| Medida | Alcance |
|---|---|
| Declaración de emergencia | 90 días en CABA (Decreto 295/26) |
| Operativos | AGC y Ministerio de Seguridad coordinan inspecciones |
| Clausuras | Locales sin acreditar origen legítimo |
| Zonas iniciales | Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste, Chacarita-Villa Crespo |
| Suspensiones | Nuevas habilitaciones, transferencias y ampliaciones por 3 meses en zonas críticas |
Por qué eligieron esas áreas
Según la Ciudad, las cuatro zonas concentran una mayor densidad de locales dedicados a la venta y reparación de celulares, un volumen superior de secuestros y recuperos de equipos, denuncias en curso y un historial de incumplimientos detectados en operativos previos. Esa combinación fue la base para decidir la restricción temporal de nuevas habilitaciones.
La jugada tiene doble lectura: pretende reducir la oferta de piezas de dudosa procedencia que alimentan las redes de receptación, y enviar una señal política de mano dura contra el comercio informal que, según la administración porteña, funciona como eslabón de mafias especializadas en teléfonos robados.
Impacto local y preguntas prácticas
Comercios establecidos en las zonas señaladas deberán revisar sus registros y presentar la documentación que acredite la compra legal de equipos y repuestos. Para vecinos y compradores, la recomendación implícita es exigir comprobantes de origen y utilizar canales formales de compra. El control reforzado también puede implicar mayor presencia policial e inspectores en veredas y locales durante las próximas semanas.
Quedan por precisarse aspectos operativos: criterios de verificación detallados, sanciones económicas asociadas y cómo se articulará la transferencia de datos entre la AGC y fuerzas de seguridad para acelerar causas penales cuando corresponda. El decreto marca la intención y los instrumentos administrativos; la eficacia dependerá de la ejecución en la calle.
En la ciudad donde una pantalla de teléfono es a la vez herramienta de trabajo y objeto de deseo, el Gobierno apostó a intervenir el mercado secundario para cortar cadenas delictivas. Los comerciantes y vecinos de las zonas afectadas serán los primeros en comprobar si la medida logra ese objetivo o si, como suele pasar, los mecanismos se trasladan a otras esquinas.
