Incremento sostenido de desalojos y nuevo método de ejecución
Un recuento oficial y documentos consolidados revisados por el medio El Cohete a la Luna indican que, entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026, se registraron 621 operativos de desalojo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, de las cuales 1.409 eran niñas, niños y adolescentes. El dato confirma un cambio en la manera en que la administración porteña aborda las tomas y ocupaciones.
La lupa se posa sobre la utilización del artículo 12 del Decreto 1.510/97, una norma pensada para procedimientos administrativos ante riesgo de ruina. Según el análisis, ese dispositivo se empleó con mayor frecuencia y no como excepción: en 2024 apenas el 2% de los desalojos se ejecutaron por vía administrativa; en 2026 esa proporción había trepado al 58%.
De cifras y contexto
El salto en la cantidad de operativos resulta claro año contra año: en 2023 se documentaron seis intervenciones; en 2024, 247; y en 2025, 311. Los datos consignan además un incremento del 26% en 2025 respecto de 2024. Otro elemento que destaca el informe es que el 52% de los desalojos se justificaron mediante clausuras administrativas “por riesgo de derrumbe”.
| Año | Operativos |
|---|---|
| 2023 | 6 |
| 2024 | 247 |
| 2025 | 311 |
Qué cuestionan los organismos
La crítica central de la defensa pública y de organismos de derechos humanos radica en que, al privilegiar la vía administrativa, se elimina la participación del Poder Judicial en decisiones que terminan dejando a personas y familias sin alojamiento. Según el informe, muchos de los desalojos se concretan sin la intervención de un juez que autorice previamente la medida.
“En la ciudad de Buenos Aires se respeta la propiedad privada. No vamos a permitir que el caos sea la norma”,
fue la frase citada del jefe de Gobierno en el anuncio oficial sobre propiedades recuperadas. La cita aparece en el material que analiza la política porteña frente a ocupaciones y recuperos de inmuebles.
Consecuencias reales en la calle
Los números no son sólo estadísticas: detrás figuran familias que pierden posesión de sus viviendas y menores que quedan en situación de vulnerabilidad. El informe señala que, desde diciembre de 2023, se observa en promedio un desalojo por día hábil. Cuando la ejecución se realiza sin control judicial, se advierte la falta de garantías sobre alojamiento alternativo, continuidad educativa y acceso a derechos básicos para quienes quedan desplazados.
- 4.482 personas afectadas en el período analizado.
- 1.409 menores entre quienes fueron desalojados.
- Mayoritariamente se invocaron clausuras por riesgo de derrumbe.
La herramienta legal en debate
El artículo 12 del Decreto 1.510/97 permite proceder administrativamente en situaciones de riesgo inminente de ruina. Los críticos sostienen que su aplicación masiva desnaturaliza ese carácter excepcional: cuando la amenaza a la estructura es real, plantean, corresponde una evacuación y no la pérdida de la posesión de la vivienda por parte de sus ocupantes.
La conversión de ese mecanismo en práctica habitual plantea, además, interrogantes sobre el rol del Estado en garantizar soluciones habitacionales inmediatas y en verificar la veracidad técnica de los riesgos invocados. Sin control judicial, se dificulta comprobar si existe un propietario que reclame el inmueble o si los edificios estaban efectivamente en condiciones de peligro.
Lo que viene
La evidencia reunida hasta marzo de 2026 plantea un desafío para la ciudad: equilibrar la protección de la propiedad privada con los derechos de familias en situación de vulnerabilidad. Las cifras muestran una política en curso que cambió el modo de ejecución y que ahora enfrenta cuestionamientos por la falta de controles externos y por el impacto social de las medidas.
Mientras tanto, en barrios como Nueva Pompeya —donde el Gobierno celebró haber alcanzado la propiedad recuperada número 900— el debate sobre cómo y cuándo actuar sobre inmuebles seguirá siendo tema de discusión pública y de fiscalización por parte de organismos locales.
