La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa presentó documentación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 que, según su relato, probaría que recursos recaudados por el impuesto a los combustibles y destinados por ley al mantenimiento y construcción de la red vial nacional fueron usados para sostener las cuentas corrientes del Tesoro Nacional.
Denuncia y contexto judicial
El Ombudsman provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, aportó antecedentes a la causa que tramita ante el juez Dr. Sebastián Norberto Casanello. Según el escrito al que accedieron fuentes vinculadas a la presentación, mientras la red vial nacional se deteriora, fondos que por ley deberían financiar obras viales habrían sido redirigidos al cumplimiento de metas fiscales del Ejecutivo nacional.
La denuncia se ancla, según el reclamo, en la existencia de un fondo fiduciario integralmente afectado al mantenimiento y reparación de rutas; sin embargo, la Defensoría asegura que parte de esos recursos fueron aplicados a gastos corrientes y a sostener un resultado fiscal positivo.
Montos y alcance provincial
En el documento se menciona un monto global que habría sido desviado: $1,35 billones. La Defensoría advierte que, con ese dinero, por ley se podría haber cubierto el mantenimiento anual de una distancia equivalente a dos veces el trayecto entre Ushuaia y La Quiaca, una referencia que busca dimensionar el impacto en infraestructura vial.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Fondo fiduciario por impuesto a combustibles | Asignado a reparación y construcción de rutas nacionales |
| Monto mencionado en la presentación | $1,35 billones |
| Órgano ante el que se presentó | Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 (Dr. S. N. Casanello) |
Reacciones y reclamos
La Defensoría provincial señala que la paralización de obras viales que dependen de esos recursos y la falta de inversión explican el deterioro de la red vial en Formosa. Además, el organismo comunicó que aportó antecedentes documentales a la causa para respaldar su planteo.
Por su parte, desde el Gobierno nacional, a través de la vocería oficial, se admitió —según la presentación— que se utilizó parte de los fondos destinados al mantenimiento de rutas para colaborar en el equilibrio de las cuentas públicas. El comunicado de la vocería, atribuido a Adrián Ravier, habría reconocido esa maniobra como parte de la gestión de las finanzas públicas.
Impacto local y preguntas que quedan abiertas
En Formosa la denuncia enlaza dos problemas concretos: la emergencia vial —con rutas que exigen mantenimiento y obras— y la disponibilidad de recursos específicos que, por atribución legal, deberían destinarse a infraestructura. Los efectos se traducen en mayor costo operativo para el transporte, riesgos viales y potenciales demoras en proyectos que favorecen la conectividad provincial.
- Queda por determinarse en la instrucción judicial qué porción exacta de los recursos fue desviada y bajo qué justificativos administrativos.
- También deberá establecerse si hubo incumplimiento normativo en la gestión de esos fondos fiduciarios y la responsabilidad de funcionarios nacionales o agencias intervinientes.
- Finalmente, la tramitación judicial puede exigir medidas de reparación o restablecimiento del destino de los fondos si se comprueba la irregularidad.
La causa en el Juzgado N° 7 abrirá un proceso de verificación documental y, eventualmente, de pruebas que permitan aclarar el destino de los recursos. Mientras tanto, desde la Defensoría provincial advierten sobre la continuidad del deterioro y la paralización de obras que, sostienen, condicionan la seguridad vial en la provincia.
La denuncia suma a la agenda local una discusión sobre transparencia, atribución legal de fondos y prioridades de gasto en el marco de una administración nacional que, según el escrito, priorizó mantener un superávit fiscal a costa de desplazar recursos afectados por ley.
