La senadora Patricia Bullrich expresó su rechazo a la sanción dictada contra cuatro trabajadores de prensa en la provincia de Formosa y afirmó que la resolución pone en riesgo la libertad de ejercicio profesional. Su pronunciamiento marca una distancia pública respecto del presidente Javier Milei, que celebró la sentencia, según los hechos difundidos sobre el caso.
El caso y la sentencia
El conflicto se originó en septiembre de 2025 durante una cobertura periodística en la comunidad originaria San José, cercana a Las Lomitas. El Juzgado de Paz de Menor Cuantía de esa jurisdicción, a cargo del juez Omar Padilla, condenó a la cronista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán a cinco días de arresto cada uno, pena que puede ser sustituida por una multa.
La resolución fue identificada como N.º 351/2026 y se fundó en la supuesta infracción del artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, que exige autorización previa o carnet habilitante para realizar tareas periodísticas en el territorio provincial. Según los antecedentes, la actuación se produjo mientras el equipo registraba el proyecto denominado "Hambre de Futuro" y consultaba a vecinos sobre condiciones de vida.
Reacciones encontradas dentro del oficialismo
Patricia Bullrich utilizó su cuenta en redes sociales para calificar la sanción como un ejemplo de autoritarismo provincial y cuestionó al gobernador Gildo Insfrán. En su mensaje, Bullrich escribió que "la libertad de prensa se respeta" y advirtió sobre la existencia de lo que denominó "feudalismos dictatoriales" en la provincia.
"La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco", afirmó la senadora en su publicación.
Ese pronunciamiento contrasta con la postura pública del primer mandatario, quien según los reportes celebró la sentencia y se refirió en términos descalificatorios a los profesionales condenados, acusándolos de favorecer a sectores políticos corruptos.
Organizaciones y aspectos procesales
Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestaron su rechazo a la resolución. Ambas organizaciones pusieron énfasis en que en el marco jurídico nacional no existe un requisito general de carnet habilitante para ejercer el periodismo y advertían sobre el peligro que representa la criminalización de la cobertura informativa.
En el expediente figura además la intervención policial en el momento de la cobertura y la existencia de una denuncia firmada por el cacique local Guillermo López, quien luego habría declarado desconocer el contenido del documento que rubricó. Esos elementos forman parte de las inconsistencias que señalaron distintos críticos al fallo.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Resolución | N.º 351/2026 del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas |
| Pena | 5 días de arresto por persona (con posibilidad de reemplazo por multa) |
| Multa alternativa | $282.550 por cada trabajador de prensa |
Implicancias políticas y democráticas
La controversia adquirió rápida dimensión nacional porque enfrenta dos lecturas del ejercicio del poder dentro del mismo espacio oficialista: una visión que avala la sanción como una forma de control y otra que la considera una vulneración de derechos básicos para la función informativa.
Desde el punto de vista institucional, la divergencia expone además tensiones entre el gobierno nacional y autoridades provinciales en materia de libertades públicas y reglas de convivencia democrática. Analistas consultados en otros casos similares suelen señalar que la protección de la libertad de prensa es un termómetro de la calidad democrática, sobre todo cuando el Estado provincial adopta medidas con consecuencias penales o administrativas contra periodistas.
Qué sigue en el expediente
La resolución abre vías para la impugnación judicial y la presentación de recursos por parte de los sancionados y de las entidades que defienden la libertad de prensa. También quedará por ver si el caso motiva intervenciones de organismos nacionales o presentaciones ante tribunales superiores por la posible afectación de derechos constitucionales.
- Actores involucrados: cuatro trabajadores de prensa, el juez Omar Padilla, el cacique Guillermo López y el gobernador Gildo Insfrán.
- Organizaciones defensoras: ADEPA y FOPEA rechazaron la sentencia.
- En disputa: la exigencia de autorización o carnet para ejercer periodismo en Formosa y la proporcionalidad de la sanción.
El caso seguirá siendo observado por organizaciones de prensa y por actores políticos, porque combina un fallo judicial con efectos concretos sobre la actividad informativa y una respuesta pública del Ejecutivo nacional que opera como factor de polarización. La discusión en torno de la sentencia remite, en última instancia, a preguntas sobre límites estatales al trabajo periodístico y al alcance de las garantías constitucionales en contextos provinciales.
