La Justicia de Formosa condenó a cinco días de arresto efectivo a cuatro integrantes del equipo periodístico del programa “Hambre de Futuro” del canal de noticias La Nación+ por entrevistas y filmaciones realizadas en septiembre de 2025 en la comunidad originaria San José. La sentencia, dictada por un juez de Paz con antecedentes como concejal peronista y adhesiones públicas al gobernador Gildo Insfrán, admite el reemplazo de la pena por una multa individual de $282.550.
Quiénes fueron sancionados y la pena
Los profesionales alcanzados por la decisión judicial son la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. Según el fallo, cada uno recibió la condena de cinco días de arresto que, en su caso, puede ser sustituida por la multa señalada.
| Nombre | Rol | Pena |
|---|---|---|
| Micaela Urdinez | Cronista | 5 días de arresto / multa $282.550 |
| Lautaro Martín Guillamondegui | Camarógrafo | 5 días de arresto / multa $282.550 |
| Joaquín Rajadel | Sonidista | 5 días de arresto / multa $282.550 |
| Javier Federico Corbalán | Director audiovisual | 5 días de arresto / multa $282.550 |
Reacciones de organizaciones y figuras públicas
La sentencia provocó rechazos de entidades del sector periodístico; el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) difundieron su oposición al fallo y advirtieron sobre el precedente que implica para la libertad de prensa. En el ámbito político y mediático la controversia se extendió: el presidente Javier Milei criticó con dureza a los profesionales sancionados y dirigentes afines replicaron y comentaron el hecho en redes sociales.
En redes, Milei publicó un mensaje en el que cuestionó la labor de los reporteros y su vínculo con lo que describió como sectores de la “alta política”. La diputada Lilia Lemoine y el referente libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini hicieron publicaciones que también pusieron en tela de juicio la actuación del equipo periodístico.
“El sistema opresivo está armado para que nadie que venga de afuera pueda ni siquiera charlar con gente de la comunidad”, dijo Urdinez en declaraciones radiales.
Contexto y posibles efectos
La sanción judicial se produce en un contexto de tensión entre profesionales de prensa y autoridades en Formosa, donde con frecuencia se señalan limitaciones al acceso y al trabajo informativo en comunidades originarias y en territorios con alta vigilancia institucional. Organismos y asociaciones periodísticas consideran que medidas como la aplicada pueden tener un efecto disuasorio sobre coberturas en zonas vulnerables o de difícil acceso.
Las penas de arresto para periodistas por acciones vinculadas a cobertura informativa son inusuales y por eso despiertan atención sobre la interpretación judicial de hechos cometidos durante la actividad profesional. El dato de que el juez sancionador haya tenido participación partidaria previa fue señalado por voces críticas como un elemento que incrementa la preocupación por la independencia del fallo.
Lo que resta por saber
- Si la defensa de los condenados apelará la resolución judicial y en qué instancia.
- El detalle legal exacto que motivó la condena, que no fue difundido en la versión pública del fallo reproducida por los medios.
- Si la sanción se hará efectiva o si los periodistas optan por pagar la multa para evitar el arresto.
El caso plantea además preguntas sobre protocolos para el trabajo periodístico en comunidades originarias y sobre garantías para reporteros que cubren situaciones sociales complejas. Las asociaciones profesionales reclamaron clarificaciones y garantías para la observación y documentación periodística en todo el territorio.
Por ahora, la resolución queda registrada en los autos y abre un debate sobre la frontera entre responsabilidad penal y ejercicio del periodismo en escenarios sensibles, con impacto directo en la provincia de Formosa y posibles repercusiones a nivel nacional.
