TORREÓN — Con el inicio del nuevo ciclo escolar próximo a comenzar, el diputado local Felipe González Miranda pidió a autoridades federales una supervisión estricta de los colegios particulares para evitar prácticas comerciales que afectan la economía de las familias. El legislador presentó una proposición con punto de acuerdo dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional Antimonopolio para auditar la compra forzada de libros, uniformes y útiles escolares.
Motivo del llamado y alcance
González Miranda advirtió que, con el regreso a las aulas, las familias enfrentan ya un gasto significativo en calzado, material escolar y vestimenta, por lo que es inadmisible que algunas instituciones privadas condicionen la adquisición a distribuidores específicos, lo que impide a los tutores comparar precios y optar por alternativas más económicas.
El diputado señaló que el problema no radica en la ausencia de normativas, sino en la falta de supervisión y cumplimiento de las leyes existentes. Recordó que el marco legal federal prohíbe condicionar las compras a un proveedor determinado y que, en el ámbito local, impulsó el año pasado una iniciativa para armonizar esa prohibición en la normatividad de Coahuila. Esa iniciativa permanece en estudio y se pretende integrar a una reforma más amplia de la Ley Estatal de Educación.
Hallazgos sobre precios y formas de pago
De acuerdo con revisiones realizadas por el equipo del legislador, algunos paquetes escolares condicionados por colegios privados pueden duplicar el precio comparado con el mismo listado adquirido en comercios independientes. Además, testimonios de padres refieren que ciertos planteles exigen que la compra se liquide únicamente en efectivo, limitando otras formas de pago y complicando aún más la situación financiera de los hogares.
Qué solicita el punto de acuerdo
La proposición de González Miranda solicita a las autoridades federales que realicen auditorías y vigilancia sobre estas prácticas comerciales en los colegios particulares para determinar posibles violaciones a la normatividad en materia de educación y competencia económica. También plantea que se investiguen las dinámicas que podrían constituir prácticas anticompetitivas o violaciones a los derechos de las y los consumidores.
Recomendaciones prácticas para las familias
Ante este contexto, el diputado recordó que las familias tienen la facultad de presentar quejas formales ante las instancias competentes para que se investiguen irregularidades. Para orientar a madres, padres y tutores, es útil saber dónde acudir y qué información reunir:
- Reunir pruebas: comprobantes de pago, listas de productos exigidos por el colegio, publicidad o comunicados del plantel que condicionen la compra.
- Registrar testimonios de otros padres que hayan enfrentado la misma práctica para fortalecer la denuncia.
- Presentar la queja ante las autoridades señaladas: SEP, Profeco y la Comisión Nacional Antimonopolio.
| Autoridad | Competencia |
|---|---|
| SEP | Vigilar cumplimiento de la normativa educativa y atención a denuncias administrativas contra planteles. |
| Profeco | Atender quejas de consumidores por prácticas comerciales abusivas y proteger derechos de los tutores. |
| Comisión Nacional Antimonopolio | Investigar posibles prácticas anticompetitivas, como la imposición de proveedores. |
Contexto legal y pasos legislativos
El legislador remarcó que la regulación federal ya prohíbe condicionar la compra de insumos escolares a distribuidores específicos. En ese sentido, su trabajo en el Congreso local busca armonizar esa prohibición dentro de la legislación estatal para facilitar la acción sancionadora en Coahuila. La iniciativa que presentó el año anterior sigue en estudio y se pretende que forme parte de una reforma mayor a la Ley Estatal de Educación.
González Miranda exhortó a las dependencias competentes a aplicar la ley para que el regreso a clases no se traduzca en un sobrecosto injustificado para las familias. Enfatizó la necesidad de inspecciones y de procedimientos claros para recibir y procesar las denuncias ciudadanas.
Mientras las autoridades federales y locales analizan la propuesta y posibles mecanismos de supervisión, las familias afectadas pueden ejercer sus derechos presentando quejas formales y recopilando la documentación que sustente sus reclamaciones, con el fin de que las instancias responsables puedan investigar y, en su caso, sancionar las prácticas indebidas.
