El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja promovió este miércoles una demanda de juicio político en contra de Miguel Felipe Mery Ayup, quien funge como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, por presuntas irregularidades administrativas, violaciones graves a la Constitución y por obstaculizar el acceso a la justicia en la entidad.
Acusaciones centrales y alcance
Según el legislador, la petición se fundamenta en varias conductas que, a su juicio, constituyen faltas graves: la supuesta omisión en la instalación y operación de los nuevos órganos de administración y disciplina judicial —lo que habría permitido la concentración de facultades administrativas y disciplinarias—; actos de protección a grupos vinculados con despojos inmobiliarios en municipios como Saltillo, Monclova y Torreón; y la participación del presidente del Tribunal en actividades de carácter partidista a favor del PRI.
Mejía describió la denuncia como parte de una serie de procedimientos promovidos contra funcionarios y órganos estatales. Entre las acciones en curso, mencionó asimismo otros recursos presentados contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, el fiscal general, Federico Fernández Montañez, y contra la propia legislatura local.
Contexto político y peticiones al Congreso de la Unión
El diputado, identificado como integrante de la bancada petista y apodado “El Tigre”, expuso que la demanda no persigue fines de persecución política, sino que busca que las autoridades actúen conforme a Derecho y a la Constitución. En ese sentido informó que sostuvo comunicación con Eduardo Castillo, nuevo presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, para solicitar la agilización en la atención de los juicios políticos pendientes.
“Creemos en el Estado de Derecho, no es una persecución política; al contrario, nosotros hemos enfrentado la persecución política del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez por denunciar todos sus actos represivos, corruptos y, en este caso, solo pedimos que se actúe conforme a Derecho, conforme a la Constitución”
Implicaciones para el acceso a la justicia
Entre las señalamientos planteados destaca la acusación de que la falta de establecimiento de los órganos de administración y disciplina judicial ha favorecido la concentración de poder dentro del Tribunal. Para el diputado, esa concentración habría afectado la correcta impartición de justicia y facilitado prácticas que, según afirmó, protegen a grupos dedicados a despojos de inmuebles en distintos municipios.
La denuncia abre un proceso parlamentario que deberá ser atendido por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Ese órgano revisará la documentación y determinará si procede la apertura del juicio político, así como las posibles sanciones o responsabilidades que puedan derivarse.
Reacciones esperadas y próximos pasos
Hasta la publicación de esta nota no se registró una postura pública del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila ni del gobernador señalado. El curso del procedimiento dependerá de la calificación que realice la Sección Instructora y de los plazos internos de la Cámara de Diputados para admitir y procesar la demanda.
- Denunciante: Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal.
- Denunciado: Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
- Principales señalamientos: irregularidades administrativas, violaciones constitucionales, denegación del acceso a la justicia y protección a grupos ligados a despojos inmobiliarios.
| Actor | Señalamiento |
|---|---|
| Miguel Felipe Mery Ayup | Omisión en instalación de órganos disciplinarios; presunta protección a grupos vinculados a despojos. |
| Manolo Jiménez | Mencionado por el denunciante como foco de otras denuncias por actos represivos y corrupción. |
| Federico Fernández Montañez | Incluido en procedimientos previos mencionados por el denunciante. |
La presentación de este recurso implica que la escena política y judicial de Coahuila puede tensarse en las próximas semanas, en tanto el Congreso de la Unión analiza la admisión y trámite del caso. Para los ciudadanos afectados por controversias en materia de tierras y despojos —especialmente en Saltillo, Monclova y Torreón, municipios citados por el denunciante—, el proceso promete ser un indicador sobre la capacidad de las instituciones para investigar y sancionar posibles irregularidades dentro del propio Poder Judicial estatal.
El seguimiento del caso dependerá de las determinaciones que adopte la Sección Instructora y, eventualmente, de las etapas procesales que se deriven si se acredita la existencia de faltas graves que ameriten juicio político.
