En México hay 14.9 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que actualmente están fuera de la escuela y sin empleo, según un diagnóstico difundido por la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno con motivo del Día Internacional de la Juventud. La organización advierte que estas cifras reflejan barreras estructurales —ingreso familiar, ubicación geográfica y responsabilidades de cuidado no remunerado— que limitan el acceso a oportunidades formativas y laborales.
“México le está fallando a la mitad de las personas jóvenes. Las cifras hablan de exclusión, no de incapacidad”,
La Alianza subraya que la descripción estadística no corresponde a inactividad o falta de talento, sino a millones de jóvenes con capacidades y voluntad para contribuir, pero cuyas trayectorias han sido truncadas por condiciones sociales y económicas. Para dimensionar la magnitud del fenómeno, la agrupación señala que esa cantidad de jóvenes equivale a llenar el Estadio Azteca cada semana durante más de tres años.
Retrocesos, precariedad y ritmo insuficiente de mejora
En los últimos cuatro años la población joven en estas circunstancias disminuyó solo en 1.5 millones. Si ese ritmo de reducción se mantiene, advierten, al país le tomaría alrededor de 40 años o dos generaciones cerrar la brecha entre quienes tienen acceso a la educación y el empleo y quienes no.
Además del elevado número de jóvenes desconectados, la situación de quienes trabajan es precaria: de los 15.4 millones de jóvenes que sí cuentan con empleo, 9.3 millones —es decir, el 60%— laboran en la informalidad, sin prestaciones ni acceso a la seguridad social. La Alianza agrega que muchos de estos trabajadores tienen como máximo 12 años de escolaridad, lo que limita su movilidad y sus condiciones laborales.
Consecuencias educativas y sociales
La falta de acceso a la educación media superior es otro factor que incide: el informe cita que el 51% de los jóvenes no ha concluido este nivel. Esa carencia educativa no solo reduce las oportunidades de inserción en empleos formales, también agrava la vulnerabilidad ante crisis económicas y limita el desarrollo de habilidades requeridas por un mercado laboral cambiante.
Las responsabilidades de cuidado no remunerado —frecuentemente asumidas por mujeres jóvenes— y la desigualdad territorial en el acceso a servicios educativos y oportunidades laborales son elementos recurrentes en la explicación de la exclusión. La Alianza reclama que la respuesta pública considere estas realidades para diseñar estrategias efectivas.
- 14.9 millones: jóvenes fuera de escuela y trabajo.
- 15.4 millones: jóvenes con empleo; 9.3 millones en informalidad.
- 60%: proporción de jóvenes ocupados en el sector informal.
- 51%: jóvenes que no concluyeron la educación media superior.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Jóvenes fuera de escuela y trabajo | 14.9 millones |
| Jóvenes con empleo | 15.4 millones |
| De ellos en informalidad | 9.3 millones (60%) |
| Sin educación media superior | 51% |
Qué requieren las políticas públicas
La magnitud del problema obliga a repensar políticas de acceso y permanencia en la educación, así como las vías para la incorporación a empleos dignos. Intervenciones orientadas a:
- Ampliar la cobertura y la calidad de la educación media superior y técnica.
- Crear rutas flexibles que consideren trabajo y responsabilidades de cuidado.
- Fortalecer programas de transición escuela-trabajo con formación práctica y vinculación empresarial.
Son urgentes, según la Alianza, medidas que combinen inversión pública, coordinación entre sectores y enfoque en equidad territorial y de género. Desde la experiencia diaria de estudiantes y docentes, la falta de recursos, transporte, tutoría y opciones flexibles para continuar estudios son barreras recurrentes que requieren respuestas concretas.
La cifra de 14.9 millones coloca sobre la mesa una pregunta central para la política educativa y laboral: ¿cómo transformar programas y presupuestos para evitar que una generación quede al margen del desarrollo? La Alianza y organizaciones civiles llaman a que el próximo ciclo de políticas públicas priorice intervenciones medibles y con enfoque en restitución de derechos para la población joven.
En un contexto donde la informalidad y la deserción educativa se entrelazan, cerrar esas brechas dejará de ser solo una meta estadística para convertirse en una condición necesaria para el crecimiento económico y la cohesión social del país.
