El gobierno municipal de Vigo ha atribuido este miércoles a la Xunta de Galicia la responsabilidad del «fracaso» en materia de vivienda tras 17 años de gobiernos autonómicos del Partido Popular, en respuesta a las críticas formuladas por el propio PP sobre las políticas municipales en la materia.
Más de 10.000 demandantes y ausencia de oferta autonómica, según el Concello
En un comunicado, el Ejecutivo local subraya que la ciudad supera los 10.000 demandantes de vivienda, la mayoría de ellos con interés en acceder a inmuebles en régimen de alquiler. El Concello sostiene que, pese a la demanda, la Xunta «no ha facilitado ni una sola oferta de vivienda en alquiler» destinada a esos solicitantes en Vigo durante los años de gobierno autonómico citados.
«El Partido Popular de Vigo se confunde en su diagnóstico. El fracaso en la política de vivienda es el de la Xunta de Galicia»
El escrito municipal recuerda además que, aunque las competencias en materia de vivienda son de la Administración autonómica, el Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas iniciativas para atender la problemática local.
Programas municipales y financiación
Entre las medidas destacadas por el Concello figura el programa de rehabilitación de inmuebles y mejora de la eficiencia energética, al que se asignaron inicialmente 6,4 millones de euros. Según el Gobierno municipal, a esa cantidad se sumaron posteriormente más de tres millones adicionales debido al alto grado de ejecución, lo que en su opinión supuso un incremento del 50% de la financiación destinada a ese plan.
El Ayuntamiento también resalta el programa de rehabilitación de viviendas vacías, con una previsión inicial de doce inmuebles y una vigencia de dos años; el gobierno local afirma que los fondos pueden ampliarse si fuese necesario. Asimismo, sostiene que la aportación económica de Vigo en 2026 supera la consignada por la Xunta para un programa autonómico equivalente destinado a inmuebles vacíos en toda Galicia.
- Programa de rehabilitación y eficiencia energética: inversión inicial de 6,4 M€ más más de 3 M€ adicionales.
- Programa de rehabilitación de viviendas vacías: inicio con 12 inmuebles y vigencia de dos años.
- Compromiso de ampliar fondos municipales si la ejecución lo exige.
| Datos | Cifra |
|---|---|
| Demandantes de vivienda en Vigo | Más de 10.000 |
| Financiación inicial plan de rehabilitación | 6,4 millones € |
| Adicionales por ejecución | Más de 3 millones € |
Reto al PP y cuestionamiento del balance autonómico
El gobierno municipal reta al Partido Popular a aclarar «cuántas viviendas han sido rehabilitadas en Vigo con cargo al programa autonómico destinado a inmuebles vacíos», y sostiene que, a su juicio, «no hay ni una sola vivienda rehabilitada con cargo a este programa». Además, cuestiona cuántas viviendas desocupadas ha adquirido la Xunta en Vigo durante sus años de gestión, y apunta que el resultado podría ser «cero».
La respuesta del Concello se produce en el marco de un cruce de reproches entre administraciones sobre la responsabilidad en la atención de la demanda de vivienda. El Ayuntamiento insiste en su papel activo y en la movilización de recursos municipales para abordar la situación, pese a la limitación competencial que atribuye a la Xunta como responsable última de las políticas de vivienda en la comunidad autónoma.
La controversia tiene implicaciones prácticas para miles de residentes que buscan acceso a alquileres asequibles o a vivienda rehabilitada, y sitúa el debate en la agenda política local a pocos meses de que las decisiones sobre planificación, fondos y ejecución resulten visibles en proyectos concretos.
El intercambio de acusaciones entre el Concello y la Xunta abre interrogantes sobre la coordinación institucional y sobre la eficacia de los programas autonómicos y municipales. Mientras el Ayuntamiento exige datos y resultados por parte de la Administración autonómica, los vigueses esperan respuestas tangibles que permitan reducir la lista de demandantes y aumentar la oferta de vivienda accesible.
La disputa política plantea asimismo la necesidad de seguimiento riguroso de los fondos comprometidos y de la ejecución real de los programas, así como la transparencia en la contabilización de viviendas rehabilitadas o compradas con cargo a fondos públicos.
