La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha rechazado el recurso presentado por el exconcejal de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, que solicitaba la ampliación de la investigación contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, para incorporar presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.
Firmeza del archivo sobre la prevaricación
La resolución judicial se apoya en el auto dictado por la propia Audiencia el pasado 26 de junio, en el que se acordó el sobreseimiento libre de la causa que investigaba un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa por omisión relacionado con la compatibilidad entre la dedicación exclusiva del alcalde y su actividad profesional privada, incluida la dirección de Auria TV.
En aquel auto, la Sala revocó la continuidad del procedimiento ordenada por el juez instructor y descartó que concurrieran los elementos necesarios para apreciar el delito de prevaricación; en consecuencia, estimó que cualquier posible irregularidad debía tramitarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no en la penal.
«No toda omisión o incumplimiento de un deber por parte de un funcionario puede catalogarse de prevaricación administrativa omisiva [...] no basta que una resolución administrativa sea contraria a Derecho para que constituya el delito de prevaricación»
Motivos para rechazar la ampliación
Al resolver el recurso de Ucha, la Sala subraya que el archivo anterior determina con carácter necesario el rechazo a la petición de la acusación particular, pues las conductas que ésta pretendía investigar —la malversación y la falsedad documental— estaban, a juicio del tribunal, «indisolublemente unidos» al ilícito penal que ya fue archivado.
El razonamiento de la Audiencia apunta a que extender la investigación penal para indagar esos hechos cuando el núcleo central de la querella fue sobreseído supondría una contradicción procesal, dado que la subsunción de las conductas reclamadas por la acusación dependía del reconocimiento del delito de prevaricación, que no se apreció.
Detalles prácticos y consecuencias
La resolución también recuerda que contra el auto de sobreseimiento del 26 de junio no cabe recurso ordinario, por lo que aquella decisión es firme y, a partir de ella, la petición de ampliar el objeto del procedimiento quedaba judicialmente impedida.
Las consecuencias inmediatas son procesales: no se abrirá en sede penal una investigación por malversación ni por falsedad documental vinculada a los hechos por los que Jácome fue inicialmente querellado. Cualquier reclamación sobre incompatibilidades o posibles irregularidades administrativas deberá encauzarse por la vía contencioso-administrativa, si así lo estiman las partes afectadas.
- Demandante: Telmo Ucha (exconcejal de Democracia Ourensana).
- Demandado: Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense.
- Delitos solicitados para investigar: malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.
- Decisión judicial previa: sobreseimiento libre del procedimiento por presunta prevaricación (26 de junio).
| Fecha | Hecho procesal |
|---|---|
| 26 de junio | Auto de sobreseimiento libre por presunta prevaricación administrativa |
| 9 de septiembre | Resolución de la Sección Segunda que desestima el recurso de Ucha |
El fallo tiene reflejo en la comunicación institucional del Concello de Ourense, que explicó los extremos de la decisión judicial. En el auto citado, la Fiscalía había llegado a solicitar hasta 9 años de inhabilitación para el alcalde cuando el juez instructor consideró que existían indicios de delito, si bien la Audiencia no avaló esa conclusión.
Para la ciudadanía de Ourense, la resolución supone el cierre de la vía penal respecto a estas acusaciones concretas y marca el marco competencial en el que deben plantearse futuras reclamaciones sobre incompatibilidades o actuaciones administrativas: la vía contencioso-administrativa, según indicación expresa de la Sala.
La decisión pone fin, a su vez, a la posibilidad de que la investigación penal avance con base en los cargos adicionales propuestos por la acusación particular, al estimar el tribunal que sin la imputación por prevaricación no procede mantener abiertos los otros dos focos delictivos.
