La Fiscalía de la Ciudad de Sofía ha imputado al exministro de Medio Ambiente y Aguas, identificado en la comunicación oficial por su cargo, por presuntamente haber cedido funciones estatales de control a una organización no gubernamental en espacios protegidos de la zona del refugio de Petrohan.
En el escrito divulgado por el órgano fiscal se indica que los hechos imputados tuvieron lugar el 8 de febrero de 2022, momento en que la persona investigada ocupaba la titularidad del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. La acusación sostiene que, mediante la firma de un acuerdo marco de cooperación entre el Ministerio y la ONG denominada «Agencia Nacional para el Control de los Territorios Protegidos», se atribuyeron a esta organización competencias y funciones de control que corresponden a la autoridad estatal, lo que constituiría un exceso de competencias.
Contexto y vínculo con hechos posteriores
La citada ONG se convirtió en foco de atención pública en febrero de 2026, tras la muerte de seis personas en dos lugares relacionados con la zona de Petrohan y el monte Okolchitsa. La Fiscalía ha precisado que las investigaciones sobre esas muertes se tramitan de forma separada a la imputación por la supuesta cesión de competencias.
Sandov ha asegurado anteriormente que el acuerdo con la organización no suponía la transferencia de funciones ni implicaba ningún componente financiero.
Según la información disponible, el pronunciamiento fiscal no menciona explícitamente el nombre del imputado en su comunicado, pero remite a la fecha y a la posición ministerial que ocupaba en ese momento, lo que ha permitido identificar al exresponsable político en los medios locales.
Alcance jurídico y administrativo
La instrucción que abre la Fiscalía se centra en determinar si la celebración del acuerdo marco supuso una delegación indebida de potestades de control sobre espacios protegidos a una entidad privada y si ello vulneró normas administrativas o penales relativas a la protección del medio ambiente y a las competencias del Estado.
La imputación apunta específicamente a la atribución de funciones que, según el Ministerio público, son propias de la autoridad estatal y no deberían ser externalizadas a través de un convenio que, en opinión de la Fiscalía, excedió los límites legales.
- Fecha clave: 8 de febrero de 2022, firma del acuerdo marco.
- Organización implicada: Agencia Nacional para el Control de los Territorios Protegidos (ONG).
- Hechos conexos: muerte de seis personas en febrero de 2026 en áreas vinculadas a Petrohan y monte Okolchitsa; investigaciones separadas.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 8 de febrero de 2022 | Firma del acuerdo marco entre el Ministerio y la ONG |
| Febrero de 2026 | Muerte de seis personas en zonas relacionadas con Petrohan y monte Okolchitsa |
| Actualidad | Imputación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de Sofía |
Reacciones y pasos siguientes
El imputado ha defendido su actuación alegando que el acuerdo no implicaba transferencia de funciones ni movimiento de fondos, una versión que ya había trasladado con anterioridad a los medios. La Fiscalía, por su parte, continuará las diligencias para determinar la existencia de responsabilidades y si se produjeron irregularidades administrativas o delitos vinculados a la gestión de espacios protegidos.
Las pesquisas sobre las muertes registradas en 2026 permanecen abiertas en una investigación distinta, según señaló el Ministerio público, por lo que el proceso penal podrá ramificarse en varias líneas si se detectan elementos que lo justifiquen.
La apertura de diligencias contra un exministro por la supuesta cesión de funciones de control a una ONG subraya el debate sobre los límites de la colaboración público-privada en la gestión ambiental y la necesidad de preservar la titularidad y responsabilidad del Estado en la protección de parajes y reservas naturales.
