El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha puesto en marcha el procedimiento para elaborar un Decreto de Convivencia Positiva y Entornos Seguros que incluye, como una de sus novedades principales, el reconocimiento legal de los docentes como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones en los centros educativos.
Motivos y marco normativo
La iniciativa arrancó con una orden firmada por la consejera Begoña Pedrosa, que justifica la reforma del actual marco de convivencia para adaptarlo a las obligaciones establecidas por la LOMLOE (2020), la norma estatal que insta a las administraciones educativas a regular “el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado”. La orden señala asimismo la necesidad de actualizar la regulación de los derechos y deberes de todos los sectores educativos, y no sólo del alumnado.
«el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado»
Qué cambia respecto a la normativa previa
Con este paso, el Ejecutivo vasco responde a una reclamación histórica del colectivo docente, que reclamaba un respaldo legal claro ante situaciones de conflicto en centros escolares. Hasta ahora ni el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado (2008) ni la Ley Vasca de Educación reconocían formalmente la condición de autoridad pública del profesorado ni garantizaban la presunción de veracidad de sus informes, lo que dejaba un vacío práctico en la valoración probatoria de las declaraciones del profesorado.
La orden del Departamento subraya que, aunque la Ley de Educación aprobada a finales de 2023 avanzó en materias como la autonomía docente, la protección frente a intromisiones o amenazas y la asistencia jurídica garantizada por la Administración en su artículo 93, no llegó a emplear de forma literal la expresión «autoridad pública», por lo que persistía una laguna en la regulación.
Trámite previsto y actores implicados
El periodo de exposición pública del documento inicial ha concluido recientemente. El siguiente calendario de trabajo previsto por la consejería incluye varias fases antes de su aprobación definitiva:
- Redacción del borrador del texto articulado por parte del Departamento de Educación.
- Negociación con sindicatos y órganos consultivos.
- Aprobación final en el Consejo de Gobierno.
| Fase | Estado |
|---|---|
| Exposición pública | Finalizada |
| Redacción del borrador | Próxima |
| Negociación y aprobación | Posterior a la redacción |
Implicaciones y debates abiertos
El reconocimiento del profesorado como autoridad pública tendría efectos prácticos en varios ámbitos del funcionamiento escolar: consolidaría la posición jurídica de los docentes en procedimientos disciplinarios y de convivencia, y facilitaría la valoración probatoria de sus informes ante conflictos. Asimismo, la medida pretende ofrecer una protección adicional a quienes ejercen la docencia frente a conductas que dificulten la labor educativa.
No obstante, la orden y el futuro decreto deberán negociar puntos sensibles con sindicatos y órganos consultivos, cuyo papel será determinante para perfilar derechos y deberes y evitar perjuicios o ambigüedades en su aplicación práctica. Entre los retos figura delimitar con precisión las funciones y límites de esa autoridad pública para que no genere tensiones con otros derechos recogidos en la normativa educativa.
La consejería sitúa el cambio en la línea de otras comunidades que ya habían regulado el estatus del profesorado, y busca garantizar un marco normativo actualizado que reduzca la inseguridad jurídica de los docentes y contribuya a entornos escolares más seguros y sostenibles.
El paso de la orden a borrador y su posterior negociación marcarán el calendario político y sindical en los próximos meses y permitirán calibrar hasta qué punto el nuevo texto satisface las demandas del profesorado y los requisitos de la LOMLOE.
