Un grupo de 25 educadoras y educadores de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid fue desalojado este miércoles por la Policía Nacional después de haberse atrincherado en la sede de la Dirección de Área Territorial (DAT) de la Consejería de Educación, en la calle Vitrubio, para exigir una reunión con responsables de la Administración y reclamar mejoras en sus condiciones laborales.
Encierro y reivindicaciones
El encierro comenzó alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando las trabajadoras accedieron al edificio en grupos de cuatro hasta reunir a unas 25 personas en el interior. Según las manifestantes, la ocupación tenía como objetivo forzar una cita con responsables de la Consejería que atendiera sus demandas sobre la reducción de ratios y una mejora salarial, reivindicaciones que, dicen, llevan meses planteando a través de movilizaciones y otros actos de protesta.
«Nos han tenido sin poder ir al baño y sin agua durante todas las horas que hemos estado aquí»
Durante la jornada, las educadoras denunciaron que se les impidió usar los aseos, que no dispusieron de agua y que se apagó el aire acondicionado en el edificio. Las personas encerradas afirman haber realizado concentraciones previas, pernoctaciones y numerosas gestiones para ser escuchadas por la Administración.
Intervención policial y desalojo
A las 3:00 de la tarde el personal del DAT llamó a la Policía, que se personó en el lugar y, según relatan las propias afectadas, envió a un comisario para advertir sobre las posibles consecuencias legales de permanecer en el edificio fuera del horario de atención al público. Tras una conversación informal, algunas de las personas presentes abandonaron el inmueble, pero la mayoría permaneció en su interior hasta que, en torno a las 5:00 de la tarde, cinco furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedieron al desalojo.
El operativo se desarrolló sin incidentes señalados por las asistentes. La actuación policial puso fin al encierro, que había durado varias horas y que, según las portavoces del grupo, buscaba presionar a la Consejería para obtener una reunión y respuestas concretas a sus demandas laborales.
Situación salarial y condiciones laborales
Las educadoras aprovecharon la acción para visibilizar la precariedad salarial en el sector. En declaraciones a los medios, dos trabajadoras aportaron datos concretos sobre su retribución: una percibe aproximadamente 1.080 euros por una jornada de 38 horas semanales, y otra con 20 años de antigüedad afirma cobrar unos 1.143 euros. Señalan además que las nuevas incorporaciones cobran cantidades similares, por lo que su experiencia no se traduce en una remuneración superior.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Personal atrincherado | 25 educadoras y educadores |
| Hora de inicio | 1:30 p. m. (aprox.) |
| Momento del desalojo | Alrededor de las 5:00 p. m. |
| Salario declarado (ejemplo 1) | 1.080 € por 38 horas/semana |
| Salario declarado (ejemplo 2) | 1.143 € (20 años de antigüedad) |
Repercusiones y contexto
El colectivo, que comenzó a organizarse hace unos tres años y medio mediante redes y agrupaciones, reclama además una reducción de las ratios —un aspecto que, según las trabajadoras, afecta directa y negativamente a la calidad educativa en las aulas infantiles— y un reconocimiento salarial que valore la experiencia y la responsabilidad del puesto.
La protesta se enmarca en un conflicto laboral de mayor alcance que ya ha llevado a la plataforma a realizar otras movilizaciones y reclamaciones públicas. Por el momento, no constan reuniones programadas con la Consejería como resultado directo de la ocupación, ni comunicados oficiales que detallen una respuesta administrativa sobre las peticiones planteadas por las educadoras.
El desalojo sin incidentes pone de relieve tanto la tensión existente entre el colectivo y la Administración educativa como la voluntad de las trabajadoras de emplear medidas de presión para que sus demandas sean atendidas. La situación abre interrogantes sobre las políticas de personal y financiación en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid y sobre los mecanismos de diálogo entre la administración y los profesionales que trabajan en el primer ciclo de la educación infantil.
