Nueve entidades educativas y de atención a la discapacidad de Canarias han pedido al Congreso de los Diputados que rechace cuatro enmiendas del Partido Popular introducidas en el Senado al Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia. Los colectivos advierten de que dichas modificaciones, aprobadas en la Cámara Alta, podrían debilitar la obligación de garantizar apoyos especializados en los centros educativos ordinarios y favorecer la derivación a aulas o centros segregados.
Reacción de las organizaciones
La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, junto a asociaciones como NEAEs Tenerife, FAPA Galdós o UDECA, han firmado una petición en la que señalan que las enmiendas numeradas 112, 113, 114 y 143 abren la puerta a sustituir medidas de adaptación en los centros ordinarios por la remisión sistemática de estudiantes a modalidades separadas por razón de discapacidad. Según los firmantes, estas modificaciones supondrían un retroceso respecto al marco normativo que promueve la inclusión escolar.
Otros colectivos adheridos a la protesta son Somos Uno Más, Sentirte, Amararte, ACAEDIN y la Comisión de NEAE de Fuerteventura. Las entidades alertan de que las enmiendas llegan en un momento en el que en Canarias se debate además la futura Ley de Atención a la Diversidad, lo que, en su opinión, genera una mayor preocupación sobre el horizonte normativo de la comunidad autónoma.
Contenido y efectos atribuidos a las enmiendas
Las organizaciones detallan cuatro modificaciones concretas que consideran críticas:
- Enmienda 112: equiparación de los centros ordinarios con la educación especial y las aulas específicas, lo que —según los colectivos— legitima modalidades separadas por razón de discapacidad.
- Enmienda 113: subordinación de los itinerarios formativos a informes de los servicios de orientación, transformando la evaluación en un trámite administrativo que condicionaría derechos básicos.
- Enmienda 114: supresión de la obligación de que los servicios de orientación exploren alternativas de inclusión en las aulas ordinarias y retiren las barreras existentes.
- Enmienda 143: derogación de la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, que establecía un plazo de 10 años para dotar de recursos a los centros ordinarios.
| Enmienda | Cambio legal | Impacto denunciado |
|---|---|---|
| 112 | Equiparación de centros | Normaliza la separación por discapacidad |
| 113 | Itinerarios sujetos a informes | Convertir la evaluación en trámite administrativo |
| 114 | Suprimir obligación de explorar inclusión | Reduce la búsqueda de alternativas en aulas ordinarias |
| 143 | Derogación de disposición de la LOMLOE | Elimina el plazo de 10 años para recursos en centros ordinarios |
Consecuencias y contexto
Los colectivos advierten de que, de prosperar estas modificaciones, podría acentuarse la segregación del alumnado con discapacidad en el Archipiélago, al tiempo que disminuirían los incentivos y la obligación legal para que los centros ordinarios reciban los apoyos necesarios. Señalan, asimismo, que la medida afectaría a la garantía de derechos establecida por la legislación vigente en materia educativa y de discapacidad.
La controversia se produce en paralelo al debate autonómico sobre la Ley de Atención a la Diversidad que impulsa el Ejecutivo canario, lo que sitúa a la región en el centro de una discusión más amplia sobre modelos educativos. Para las entidades firmantes, las modificaciones promovidas por el PP introducen incertidumbres que podrían condicionar tanto la redacción final de la norma estatal como el diseño de las políticas regionales en materia educativa.
Las organizaciones han solicitado que el Congreso rechace las enmiendas aprobadas en el Senado y mantienen que la inclusión escolar exige el fortalecimiento de los apoyos en centros ordinarios y una evaluación que priorice alternativas de inclusión en lugar de la derivación a recursos segregados. La petición de las entidades plantea además la necesidad de preservar los compromisos ya adquiridos por la normativa que obliga a dotar de recursos a los centros en un horizonte temporal determinado.
El trámite parlamentario continuará su curso en las próximas semanas, cuando los grupos en el Congreso deberán pronunciarse sobre las enmiendas incorporadas en la Cámara Alta y decidir la redacción definitiva del texto legal que afecta a los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito educativo y de la dependencia.
