La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció el 14 de septiembre la supresión de los límites a las emisiones procedentes de las centrales eléctricas, una decisión que expertos citados en los datos disponibles atribuyen al giro regulatorio promovido por la Administración Trump. El cambio supone, según las estimaciones citadas, una emisión adicional de 150 millones de toneladas de dióxido de carbono que se suma a la atmósfera global.
Un impacto que trasciende fronteras
Especialistas en clima consultados por los medios subrayan que la contaminación atmosférica no se circunscribe al territorio en el que se origina. Andreu Escrivà, ambientólogo y doctor en biodiversidad, advierte que decisiones de política energética a escala estadounidense pueden traducirse en variaciones apreciables de la temperatura media global y en alteraciones de los procesos climáticos que afectan a todo el planeta, incluida España.
«Es muy posible que podamos llegar a atribuir una subida significativa de la temperatura del planeta a decisiones individuales del Gobierno de Trump. No estamos hablando de una contaminación que recaiga sobre la región en la que se produce»
Las centrales eléctricas de EE. UU. representan una fuente de contaminación comparativamente elevada: el informe señala que emiten más contaminación que la generada por 190 países enteros, lo que explica la preocupación internacional ante el retroceso regulatorio.
Consecuencias para la salud pública
Las restricciones ahora derogadas se implantaron en mandatos precedentes y, según un estudio de Associated Press que utiliza datos de la propia EPA, contribuían a evitar alrededor de 35.000 muertes al año. Con la eliminación de esos límites, el mismo análisis anticipa un deterioro en la calidad del aire que podría traducirse en un aumento de mortalidad y de problemas de salud relacionados con la contaminación atmosférica.
- 150 millones de toneladas adicionales de CO2 vinculadas a las decisiones recientes.
- 35.000 muertes anuales que, según el estudio citado, evitaban las normas ahora suprimidas.
- Emisiones de centrales estadounidenses superiores a las de 190 países, según los datos referidos.
Los límites eliminados habían sido implantados durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden. Su supresión supone un retroceso en la política medioambiental estadounidense y reabre el debate sobre la responsabilidad de las grandes economías en la mitigación del cambio climático.
Repercusiones políticas y ambientales
El retroceso regulatorio llega tras las declaraciones públicas del presidente Trump en foros internacionales, donde calificó el cambio climático como «la mayor estafa perpetrada contra el mundo en la historia» y criticó con dureza las políticas verdes. Ese discurso ha marcado la orientación de la administración y ha impulsado cambios normativos que ahora tienen consecuencias mensurables, según las fuentes citadas.
El efecto agregado de mayores emisiones no se limita a la esfera climática; también incide en la salud poblacional a través de un empeoramiento de la calidad del aire. Los expertos resaltan que el aire es un bien común y que las decisiones tomadas en una sola jurisdicción pueden repercutir en regiones alejadas, incluida Europa.
La decisión de la EPA plantea interrogantes sobre la capacidad de los marcos internacionales y de las políticas nacionales para compensar retrocesos regulatorios en países emisores importantes. También reaviva el debate sobre las responsabilidades compartidas y las medidas de adaptación y mitigación necesarias para limitar los efectos sobre el clima y la salud pública.
| Indicador | Cifra citada |
|---|---|
| Incremento estimado de CO2 | 150 millones de toneladas |
| Muertes anuales evitadas por las normas previas | 35.000 |
| Países cuya contaminación es menor que la de las centrales de EE. UU. | 190 |
La retirada de límites a las emisiones por parte de la EPA representa, según las cifras y valoraciones disponibles, un retroceso significativo en la lucha contra el calentamiento global y en la protección de la salud pública. Sus efectos serán seguidos de cerca por la comunidad científica y por los responsables políticos europeos y españoles, que deberán evaluar su repercusión sobre políticas nacionales y compromisos internacionales.
