La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido archivar la reclamación presentada contra el Ayuntamiento de Torrent relativa a la ampliación del sistema de videovigilancia en las dependencias de la Policía Local, según ha informado el Consistorio municipal. La resolución administrativa pone fin, por ahora, a una controversia pública que se prolongó durante meses y que generó un intenso debate político en la ciudad.
Documento y argumentos aportados por el Ayuntamiento
Ante la reclamación, el Ayuntamiento remitió a la AEPD diversa documentación técnica y administrativa con el objetivo de justificar el correcto funcionamiento del sistema instalado. Entre los materiales entregados figuran informes técnicos, planos, fotografías y un informe de la empresa instaladora. Este último, según fuentes municipales, certifica tres aspectos concretos: que las cámaras y el grabador no captan audio, que las imágenes se conservan un máximo de 30 días y que el acceso a las grabaciones está restringido a usuarios autorizados.
Reacciones políticas y señalamientos previos
La disputa comenzó a raíz de la ampliación del sistema de cámaras ya existente en el interior de las dependencias de la Policía Local. Desde el entorno del PSOE local se difundieron alegaciones sobre un supuesto uso indebido de las cámaras, acusaciones que incluyeron la posibilidad de grabación de audio, accesos arbitrarios a las imágenes e incluso la captación de contraseñas. En algunos comunicados socialistas se llegó a hablar de un «Gran Hermano en la Policía de Torrent», expresiones que tensionaron el debate público en la ciudad.
«El PSOE de Andrés Campos inventó una trama alrededor de la Policía Local de Torrent, utilizó titulares alarmistas, hizo acusaciones muy graves y generó un malestar completamente innecesario entre nuestros agentes»
La concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, valoró de manera tajante el archivo del expediente y acusó al PSOE local de practicar lo que definió como «política de fango», lamentando el clima de desconfianza que, según ella, se creó dentro del cuerpo de la Policía Local.
Aspectos que recoge la resolución y situación actual
Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la AEPD no ha abierto un procedimiento sancionador; tampoco ha declarado la existencia de infracción ni ha requerido la retirada o modificación del sistema de cámaras. Esa decisión administrativa implica que, de momento, no existen medidas impuestas por el regulador que afecten a la instalación cuya ampliación motivó la reclamación.
- Evidencia técnica aportada: informes, planos y fotografías del sistema.
- Certificación del instalador: ausencia de audio, conservación 30 días, accesos limitados.
- Decisión de la AEPD: archivo sin sanciones ni órdenes de modificación.
La resolución administrativa cierra, por la vía de la AEPD, una fase de la controversia. No obstante, la polémica política puede persistir en el terreno municipal, donde los partidos adaptan estos episodios a sus estrategias y discursos de control y fiscalización del gobierno local.
| Elemento | Posición municipal | Reclamación/acusaciones |
|---|---|---|
| Captación de audio | Negada por el instalador | Denuncias de posible grabación |
| Conservación de imágenes | Máximo 30 días | Preocupación por control y acceso |
| Acceso a las grabaciones | Limitado a usuarios autorizados | Temor a accesos arbitrarios |
Desde el Ayuntamiento se ha defendido que la documentación presentada acreditaba el respeto a la normativa de protección de datos en la captación y tratamiento de imágenes, y la AEPD, con su archivo del caso, no ha estimado oportuno imponer medidas correctoras. Para la corporación municipal, la resolución supone la ratificación de que la actuación técnica en las dependencias policiales cumple con los requisitos legales.
En el plano local, este episodio ha abierto interrogantes sobre la transparencia en la gestión de sistemas de vigilancia y la comunicación entre gobierno, oposición y plantilla policial. La resolución administrativa despeja en parte las dudas jurídicas, pero deja en pie el debate político y social sobre la gestión de la seguridad en Torrent.
