El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, atribuyó a la política conocida como ‘paz total’ parte de la responsabilidad en el reciente aumento de actores criminales y en la expansión de economías ilegales en sectores vulnerables del departamento. La crítica, formulada en una entrevista con La FM tras la muerte de alias Naín, también llamado 'Bendito Menor', plantea un nuevo debate sobre las consecuencias locales de las estrategias nacionales de seguridad y paz.
Un incremento sostenido de actores violentos
Según el gobernador, La Guajira enfrentó en los últimos años un crecimiento del número de personas vinculadas a estructuras violentas: de acuerdo con las cifras que presentó, la cifra pasó de 15.000 en 2022 a 28.000 en 2025. Aguilar relacionó este fenómeno con el reclutamiento de jóvenes en barrios vulnerables y con la atracción que generan líderes criminales expuestos en redes sociales.
El mandatario también señaló un deterioro en los indicadores de violencia que, según él, refleja el avance de la criminalidad en el departamento. En sus declaraciones mencionó un alza marcada en homicidios y extorsiones:
“el homicidio aumentó casi un 80%, las extorsiones un 70%”
Aguilar advirtió además que la muerte de un cabecilla no necesariamente implica la desaparición de la estructura criminal y manifestó su inquietud por vacíos de poder que podrían abrirse, con el riesgo de que otros ocupen el espacio dejado por líderes abatidos o capturados.
Impacto social: jóvenes y economías ilegales
En su intervención, el gobernador puso el acento en el reclutamiento de jóvenes como uno de los retos más sensibles. Dijo que la exhibición pública del estilo de vida de ciertos líderes —en alusión a la notoriedad de individuos como alias Naín— puede convertirse en referente para adolescentes y adultos jóvenes en contextos de pobreza y exclusión.
Aguilar también vinculó la expansión de actividades ilegales con la penetración de recursos ilícitos en barrios vulnerables, lo que, según su diagnóstico, erosiona el tejido social y dificulta las labores de prevención y control.
Riesgos inmediatos y previsibles
- Disputas entre facciones por el control territorial tras la muerte de cabecillas.
- Aumento del reclutamiento de jóvenes en zonas con alta vulnerabilidad socioeconómica.
- Expansión de economías ilegales que penetran servicios y mercados locales.
El gobernador afirmó que, ante el escenario actual, existe el riesgo concreto de que la organización sustituya a su líder por otra persona y prosiga sus actividades delictivas con nuevas dinámicas de violencia.
Datos que presenta la Gobernación
| Indicador | Valor informado | Periodo |
|---|---|---|
| Actores violentos | 15.000 → 28.000 | 2022–2025 |
| Homicidios | +casi 80% | No especificado |
| Extorsiones | +70% | No especificado |
Lo que plantea el debate político
Las críticas del gobernador plantean preguntas sobre cómo calibrar políticas de reintegración y negociación con actores armados sin que esas decisiones terminen legitimando o fortaleciendo estructuras que mantienen redes de violencia y economías ilícitas. Aguilar cuestionó, en particular, la entrega de salvoconductos o reconocimientos públicos a personas que luego continuaron vinculadas a actividades criminales, lo que, en su diagnóstico, habría contribuido a la proyección de una imagen de impunidad y poder.
El pronunciamiento del gobernador llega en un momento de alta sensibilidad por seguridad en La Guajira y abre la posibilidad de mayores solicitudes de apoyo institucional y operativo para la región, que ya enfrenta retos en materia de orden público y de integración social.
Medidas y recomendaciones
- Fortalecer programas locales de prevención del reclutamiento juvenil, con enfoque en educación y empleo.
- Coordinar acciones entre Policía, Fiscalía y autoridades territoriales para evitar vacíos de poder tras golpes a los cabecillas.
- Revisar mecanismos de verificación y acompañamiento en procesos de desmovilización o de acercamiento para evitar que figuras públicas oculten vínculos criminales.
Las declaraciones del gobernador Jairo Aguilar configuran un llamado a revisar la implementación local de políticas de seguridad y paz. El debate ahora se traslada a los espacios donde se acuerdan estrategias nacionales, con atención en cómo impactan a departamentos con dinámicas particulares como La Guajira.
