La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la posibilidad de que el exmagistrado Orlando Velio Stoyanoff Isas recupere el cargo que perdió tras un episodio de violencia vial ocurrido en Yerba Buena en junio de 2021. Con la decisión, quedó definitiva la destitución que había aplicado el Jurado de Enjuiciamiento de Tucumán en noviembre de 2021, según informó el medio local que consignó la resolución.
El hecho y la escalada institucional
El incidente ocurrió el 11 de junio de 2021, en la intersección de avenida Aconquija y Rubén Darío, cuando un video filmado por un transeúnte mostró al entonces juez en medio de una discusión con un cadete de 20 años. En las imágenes, el exfuncionario propinó una patada al joven y la motocicleta del repartidor terminó sobre la calzada. Las grabaciones se viralizaron y rápidamente desencadenaron un proceso disciplinario interno.
Según la crónica original, el propio Stoyanoff Isas ofreció disculpas públicas y reconoció que había reaccionado de forma inadecuada. En ese marco, la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios y el Colegio de Abogados de Tucumán impulsaron el jury que culminó en su remoción.
"reconoció que había reaccionado de manera incorrecta." — GN NOTICIAS
Qué dijo la Corte y qué implica para la Justicia provincial
La Corte Suprema consideró que la conducta del exjuez tuvo la gravedad suficiente como para afectar la confianza pública en el Poder Judicial, y descartó que se tratara de una falta menor. Además, el tribunal sostuvo que el procedimiento de remoción respetó las garantías constitucionales: el imputado conoció las acusaciones, pudo defenderse y presentar pruebas durante el trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento, según consignaron las fuentes judiciales.
Con la ratificación del tribunal superior, la sanción política aplicada en Tucumán queda confirmada y se cierra la vía judicial para intentar recuperar el puesto que Stoyanoff Isas ocupaba en el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IV Nominación del Centro Judicial Capital.
Repercusiones locales y consecuencias prácticas
El caso tuvo amplia difusión en Yerba Buena y la provincia: no solo por el episodio violento en la vía pública, sino por las preguntas que generó sobre el comportamiento de representantes del Poder Judicial y la respuesta institucional frente a hechos de ese tipo. Para los vecinos y los espacios profesionales que agrupan a mensajeros y motociclistas, la confirmación de la destitución representa un antecedente en la exigencia de responsabilidad de funcionarios ante conductas públicas reprochables.
- Hecho: agresión a un cadete de 20 años en Yerba Buena (11/6/2021).
- Sanción provincial: destitución por el Jurado de Enjuiciamiento (noviembre de 2021).
- Decisión nacional: la Corte Suprema dejó firme la remoción, cerrando recursos para la restitución del cargo.
En la práctica, la resolución no implica sanciones económicas ni penales adicionales por parte del máximo tribunal; responde a la evaluación sobre la idoneidad y la conducta pública para el ejercicio de la magistratura. Para el sistema judicial local, la confirmación supone además un antecedente en procesos de enjuiciamiento político contra jueces cuya conducta es objeto de reproche público.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 11/06/2021 | Acontece la agresión en avenida Aconquija y Rubén Darío (Yerba Buena) |
| 11/2021 | Jurado de Enjuiciamiento de Tucumán remueve al juez |
| 08/2026 | Corte Suprema confirma la destitución |
La confirmación por parte de la Corte cierra una etapa judicial que se mezcló con repercusiones mediáticas y vecinales en Yerba Buena. Para los actores locales —asociaciones de trabajadores en moto, colegios profesionales y sectores de la comunidad—, la sentencia refuerza la idea de que la conducta pública de los magistrados puede ser objeto de control político y disciplinario cuando afecta la confianza ciudadana.
Quedan ahora por verse otras consecuencias indirectas: cómo impacta en la percepción ciudadana sobre la Justicia provincial y si el episodio servirá para impulsar normas o protocolos adicionales que regulen el vínculo entre funcionarios judiciales y la comunidad, especialmente en conflictos que se desarrollan en espacios públicos y son captados por dispositivos celulares.
