Concentración frente al Palacio Municipal
La esquina de 9 de Julio y Lavalle, frente al edificio municipal de San Miguel de Tucumán, volvió a convertirse en escenario de un reclamo del sector del taxi. Integrantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis se movilizaron para exigir al Ejecutivo local el cumplimiento estricto de la Ordenanza N° 5483, que regula la actividad de plataformas y aplicaciones de transporte.
El reclamo principal y la denuncia de ilegalidad
Los gremialistas cuestionaron los intentos del municipio de confeccionar un padrón de conductores de aplicaciones como Uber, Cabify o Didi mediante actos administrativos. Julio Rodríguez, referente del sector, afirmó que cualquier modificación normativa o la creación de registros debe tramitarse por el Concejo Deliberante y no puede sostenerse sobre una ordenanza vigente.
“Ellos hoy quieren hacer un padrón de los choferes de Uber, de aplicaciones. Eso no lo permite la ordenanza. Para poder realizar esa inscripción tienen que pedir un proyecto para que cambien estos artículos; la única potestad es del Concejo Deliberante. Ninguna resolución, ningún acto administrativo puede estar sobre una ordenanza”, dijo Rodríguez.
Plazos que, según los taxistas, no se habrían respetado
El referente señaló también que las empresas de aplicaciones incumplieron los plazos establecidos por la normativa municipal. Según lo explicado por Rodríguez, la ordenanza fue promulgada el 9 de diciembre y la reglamentación local se publicó el 4 de febrero, estableciendo un plazo de 90 días para que las empresas remitieran la información requerida y se ajustaran al marco legal.
| Hito | Fecha |
|---|---|
| Promulgación de la ordenanza | 9 de diciembre |
| Presentación de la reglamentación municipal | 4 de febrero |
| Plazo de 90 días para empresas de apps | hasta 4 de mayo |
| Plazo para taxis (según reglamentación) | hasta 4 de agosto |
“El plazo de ellos ha vencido el 4 de mayo, hace más de 5 meses. Y los taxis, a partir de la reglamentación, tenían hasta el 4 de agosto, o sea que los taxis cumplieron con la reglamentación”, remarcó Rodríguez, al fundamentar la impugnación administrativa que presentaron ante la intendencia.
Igualdad de condiciones y efectos sobre el trabajo
Los choferes enfatizaron que la protesta no pretende impedir la labor de las aplicaciones, sino reclamar condiciones equitativas de competencia. “Nos sacan el plato de comida”, sintetizó la queja de varios conductores, en referencia al impacto que, según el gremio, tienen las plataformas cuando no se aplican las mismas reglas para todos los actores.
- Exigen que cualquier registro de conductores sea aprobado por el Concejo Deliberante.
- Denuncian incumplimiento de plazos por parte de las empresas de aplicaciones.
- Presentaron una impugnación administrativa ante la intendencia.
Implicancias locales
La disputa entre el sector de taxis y el Ejecutivo municipal no sólo es una cuestión legal: tiene repercusiones directas en la vida cotidiana de la ciudad. Para los usuarios, la regulación afecta la oferta y la calidad del servicio; para los conductores, define requisitos administrativos, habilitaciones y, en última instancia, la posibilidad de generar ingresos. Desde el punto de vista institucional, el reclamo plantea un pulso entre la intendencia y el Concejo Deliberante sobre competencias y procedimientos.
Por ahora, la protesta se traduce en medidas de visibilización y en recursos administrativos presentados ante el municipio. El próximo paso será la respuesta que brinde la comuna sobre la validez del padrón impulsado desde el Ejecutivo y si avanzará un proyecto de ordenanza para modificar lo ya sancionado. La discusión será clave para definir cómo se regula la presencia de las apps en el mapa del transporte urbano de San Miguel de Tucumán.
