Reclamo por fumigaciones en Gardey y pedido formal al Municipio
Vecinos de la localidad de Gardey, en el partido de Tandil, elevaron una queja formal ante la Defensoría del Pueblo por la frecuencia y la proximidad de las aplicaciones de agroquímicos a la zona urbana. En el reclamo se denunciaron, además, los riesgos vinculados al tránsito dentro del pueblo de equipos autopropulsados —conocidos como “mosquitos”— y la escasa distancia entre los campos fumigados y las viviendas.
La presentación terminó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Tandil, pero hasta el momento el expediente no registraba medidas concretas que tranquilicen a los vecinos. Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo solicitó al intendente Miguel Lunghi que arbitre medidas para resolver el conflicto y que el municipio ejerza las facultades de fiscalización que le corresponden.
Qué pide la Defensoría y cuáles son las preocupaciones
El organismo que conduce Guido Lorenzino recomendó además avanzar en la sanción de una ordenanza municipal que defina zonas de exclusión para la aplicación de agroquímicos: es decir, superficies próximas a las viviendas donde no se puedan aplicar productos de síntesis química. La Defensoría subrayó también la necesidad de considerar las condiciones climáticas —en particular el viento— al momento de fumigar.
"Sugerimos que se elabore una ordenanza acorde a los tiempos actuales, en los cuales se presentan situaciones técnicas, sanitarias, sociales y económicas que ameritan actualizar las normativas que regulan la actividad agropecuaria en general y la vinculada con los agroquímicos en particular"
En el comunicado de la Defensoría se puso el acento en la falta de una adecuada fiscalización municipal y en la necesidad de proteger a la población escolar y a las comunidades linderas a los establecimientos agropecuarios, ante el volumen de evidencia científica sobre daños sanitarios y ambientales que, según el organismo, exige actualizar las normas.
Impacto local y pasos pendientes
En Gardey, como en otras localidades periurbanas, la convivencia entre actividades rurales y el núcleo urbano genera tensiones concretas: la proximidad de las fumigaciones, el paso de maquinaria dentro del pueblo y las pulverizaciones en días con viento son las que más alarma causan entre los residentes. El reclamo judicial y el pedido de la Defensoría colocan la responsabilidad en la órbita municipal —donde se espera que se adopten medidas de control y regulación— aunque la Provincia y la normativa nacional también inciden sobre el uso de agroquímicos.
De quedar sin respuesta, el conflicto podría agravarse en dos planos: la salud pública y la conflictividad social. Los vecinos buscan, por ahora, soluciones prácticas: mayor fiscalización de aplicaciones, límites físicos de exclusión y protocolos que contemplen condiciones meteorológicas.
- Medida solicitada: creación de zonas de exclusión municipales.
- Fiscalización: controles más estrictos sobre las aplicaciones y el tránsito de equipos autopropulsados dentro del área urbana.
- Consideración climática: prohibir fumigaciones en condiciones de viento que favorezcan la deriva hacia viviendas y escuelas.
| Acción reclamada | Objetivo |
|---|---|
| Ordenanza de zonas de exclusión | Proteger viviendas y escuelas de la deriva de agroquímicos |
| Mayor fiscalización municipal | Garantizar cumplimiento y sancionar incumplimientos |
| Incorporar variables climáticas | Evitar aplicaciones en días de viento peligroso |
Por ahora no hay confirmación pública desde la Municipalidad sobre medidas concretas para Gardey. El trámite que recayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 abre una vía formal que podría terminar en una resolución judicial, una ordenanza local o en inspecciones más frecuentes; las alternativas dependen de la decisión política del Ejecutivo municipal y de la interpretación jurídica que haga el fuero competente.
En los barrios consultados de Gardey, la sensación es de incertidumbre: los vecinos reclaman respuestas inmediatas para reducir la exposición, mientras desde la Defensoría instan a la Intendencia a actuar sobre la base de la evidencia y la normativa vigente. La pelota ahora está en la cancha de la Municipalidad de Tandil, que deberá definir si avanza con controles líneas de exclusión locales o mantiene la actual regulación, lo que seguirá marcando la vida cotidiana en los bordes rurales de la ciudad.
