La provincia de Santa Cruz formalizó ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) su posición frente a la posibilidad de avanzar hacia un régimen de cuotificación del langostino en aguas nacionales. En el acta CFP N.º 25/2026 quedó incorporado el planteo de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura santacruceña, que solicita una cuota social de 50.000 toneladas para la provincia y condiciona cualquier esquema a un proceso “transparente, participativo y federal”, según consta en la presentación.
El argumento central: el cierre del Golfo San Jorge
Santa Cruz fundamenta su reclamo en el esfuerzo de conservación llevado a cabo en el Golfo San Jorge, que —dice la presentación— fue cerrado a la pesca de langostino durante los últimos ocho años. Esa medida, según la provincia, habría protegido una de las áreas de reproducción y cría del recurso, generando beneficios biológicos que luego se tradujeron en rendimiento para la pesquería nacional. Por esa contribución a la conservación, la provincia pide que se reconozca y compense su aporte dentro de cualquier programa de distribución de cuotas.
El planteo no se limita a reivindicar capturas históricas: Santa Cruz propone ampliar los criterios de asignación para incluir variables asociadas al empleo, las inversiones, el procesamiento en tierra y las descargas en puertos provinciales. La intención, explican, es equilibrar la distribución teniendo en cuenta la cadena productiva local y los costos socioambientales de la conservación.
Qué implica una “cuota social” y por qué genera debate
El término “cuota social” se utiliza en la presentación provincial para referirse a un volumen destinado a permitir la continuidad de actividades productivas y sociales en el territorio, más allá de la lógica estrictamente histórica de capturas. En la práctica, la asignación de 50.000 toneladas implicaría un reconocimiento explícito del rol de Santa Cruz en la conservación y el desarrollo de infraestructura de planta y puertos, aunque la concreción de ese reconocimiento depende de acuerdos multilaterales dentro del CFP y de la normativa que se acuerde a nivel nacional.
- Criterio biológico: cierre de áreas para protección de reproducción y cría.
- Criterio socioeconómico: empleo, plantas de procesamiento y descargas en la provincia.
- Criterio histórico: capturas pasadas, que suelen ponderarse en regímenes de cuotificación.
Fuentes oficiales de la provincia expresaron que la cuotificación puede aportar previsibilidad, orden y sustentabilidad a la pesquería, siempre que el proceso respete los principios de transparencia y federalismo. Por su parte, desde la órbita bonaerense se advirtió que el tema aún no fue debatido formalmente dentro del CFP, lo que sugiere que la discusión continuará en las próximas reuniones del consejo y en las mesas técnicas que lo acompañan.
Impacto local y en la gestión del recurso
Si prosperara la petición de Santa Cruz, la asignación de una cuota social podría tener efectos directos sobre el empleo en tierra, la operación de plantas de procesamiento y la actividad portuaria provincial. Al mismo tiempo, implicaría transformar la manera en que se distribuyen derechos sobre un recurso compartido, pasando de criterios predominantes de captura histórica hacia una combinación que incorpore medidas de conservación y desarrollo regional.
Desde la perspectiva ambiental, el reconocimiento del cierre del Golfo San Jorge como aporte a la sustentabilidad podría funcionar como incentivo para otras áreas sensibles, pero también plantea la necesidad de establecer indicadores claros que demuestren la relación entre la medida de protección y el rendimiento pesquero posterior. La provincia pidió expresamente que esos aspectos se evalúen en un proceso con participación de las jurisdicciones, operadores y la comunidad científica.
Qué pasos siguen en el CFP
El ingreso del planteo al acta CFP N.º 25/2026 implica que la posición de Santa Cruz ya quedó registrada en el ámbito formal del consejo. El próximo paso será el análisis en las instancias técnicas del CFP y los debates entre las provincias pesqueras y la Secretaría de Pesca de la Nación para definir si se desarrolla un marco normativo de cuotificación, cómo se fijan los criterios de asignación y qué mecanismos de compensación y control se implementan.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Solicitud provincial | 50.000 toneladas de cuota social para Santa Cruz |
| Área citada | Golfo San Jorge (cerrado a la pesca de langostino los últimos ocho años) |
| Criterios propuestos | Capturas históricas; empleo; inversiones; procesamiento en tierra; descargas en puertos provinciales |
La discusión sobre cuotificación excede a una sola provincia: involucra la gestión de un recurso que se pesca en aguas nacionales y que repercute en múltiples jurisdicciones. En los próximos meses, la materia pasará por instancias técnicas y políticas en las que se definirán los parámetros de sustentabilidad, la distribución de beneficios y los mecanismos de fiscalización que garanticen tanto la conservación como el desarrollo productivo.
