La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz puso bajo la lupa el mecanismo de asignación de la cuota social de merluza (Merluccius hubbsi) y reclamó al Ejecutivo información detallada sobre cómo se determina la cantidad de toneladas que recibe cada beneficiario. La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 249/2026, sancionada el 13 de agosto en Río Gallegos.
Qué pidió la Legislatura
El cuerpo legislativo solicitó al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y a la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura que encabeza Sergio Klimenko un informe exhaustivo sobre el régimen de “cuotificación” de la reserva social. La cartera está conducida por la ministra Nadia Ricci.
Entre los requerimientos formales, los diputados reclamaron que se expliquen:
- El marco normativo que regula la administración y asignación de la cuota social.
- La metodología o fórmula empleada para establecer el reparto.
- La totalidad de las variables, parámetros y criterios que intervienen en el cálculo, con la ponderación porcentual de cada uno.
- El volumen total de merluza asignado a la provincia y la porción destinada a la Cuota Social o Reserva Administrativa Provincial.
- La identificación de beneficiarios: empresas, buques o titulares, indicando toneladas asignadas y período de vigencia.
Los diputados solicitaron “suspender las adjudicaciones” hasta que se hagan públicos los criterios de distribución.
Control, cumplimiento y sanciones
La resolución también exige que se detallen los mecanismos de control para verificar que quienes reciben cuota cumplan las condiciones establecidas y que se informe sobre las sanciones previstas ante eventuales incumplimientos. Los legisladores pidieron copia de los expedientes administrativos vinculados a las asignaciones ya realizadas.
El planteo oficial de la Legislatura responde a posiciones encontradas en el sector privado y sindical sobre el procedimiento de asignación, según consigna el texto de la norma. No se registraron en la resolución pedidos de cifras adicionales sobre capturas o desembarques que no consten en los registros administrativos requeridos.
Información que la Legislatura solicita al Ejecutivo
| Dato requerido | Propósito |
|---|---|
| Marco normativo vigente | Determinar base legal de la distribución |
| Metodología (fórmula matemática) | Conocer criterio técnico para repartir toneladas |
| Volumen total y cuota social | Transparencia sobre cuantía disponible |
| Lista de beneficiarios y toneladas asignadas | Identificar destinatarios y vigencias |
| Mecanismos de control y régimen sancionatorio | Verificar cumplimiento y consecuencias por incumplimiento |
Alcance y posible impacto
La exigencia de transparencia afecta directamente a la gestión de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura y a empresas y armadores que participan de la pesquería de merluza. La reserva social se implementa con el objetivo de asegurar el acceso de distintos actores —incluyendo comunidades locales y operadores de menor escala— a un margen del recurso. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios de asignación suele generar cuestionamientos políticos y económicos.
Si el Ejecutivo responde con la información solicitada, la Legislatura podrá evaluar la adecuación de la metodología y eventualmente proponer modificaciones. En caso contrario, la solicitud pública y la recomendación de suspender adjudicaciones podrían derivar en nuevas instancias de control o en pedidos de auditoría administrativa.
Pasos a seguir
- El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria deberá elaborar el informe requerido.
- La Secretaría de Pesca tendrá que remitir los expedientes administrativos solicitados.
- La Cámara de Diputados analizará la respuesta para decidir acciones parlamentarias adicionales.
Por ahora la resolución fija el marco formal del reclamo: conocer el criterio técnico y administrativo que determina el reparto de una cuota clave para la actividad pesquera provincial y asegurar mecanismos de control que permitan auditar su cumplimiento.
