La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa informó que la inmobiliaria Mi Primer Casa S.A. debe restituir a un grupo de vecinos la suma de $120.026.136,40 por reclamos vinculados al loteo conocido como Barrio Los Búfalos. El organismo provincial indicó además que la firma se acercó con la voluntad de resolver las irregularidades que habrían causado perjuicios patrimoniales a centenares de familias.
Alcance del reclamo y propuesta de la empresa
Según el parte de la Defensoría, la cifra mencionada corresponde a los expedientes tramitados hasta la fecha ante ese organismo, aunque existen otros casos que todavía no fueron incorporados al monto total. La inmobiliaria, a través de su gerente, Martiniano Sosa, y su asesor letrado, propuso una restitución escalonada en atención a su situación financiera.
La propuesta de Mi Primer Casa S.A. contempló que los reintegros se efectúen “en forma progresiva y conforme a un cronograma de pagos que guarde razonable correspondencia con la modalidad y periodicidad con que fueron efectuados los pagos originales”, dice el informe de la Defensoría.
Condiciones y plazos planteados
La Defensoría explicó que, entre el 31/08/2026 y el 29/09/2026, la inmobiliaria ofreció concretar la restitución de los importes efectivamente percibidos a los reclamantes que dieran conformidad con la modalidad propuesta. Además, el 7 de octubre la empresa solicitó una extensión de plazo de 90 días, periodo en el que propuso que el cliente no abonaría cuotas ni incurriría en mora mientras la firma se comprometía a regularizar la situación ante la Municipalidad y Catastro.
La Defensoría advirtió que esa oferta conciliatoria no implica el fin de la investigación judicial: la denuncia penal presentada oportunamente continúa su curso “a fin de deslindar responsabilidades civiles y penales”, según el comunicado oficial.
- Monto a restituir: $120.026.136,40 (correspondiente a los expedientes tramitados ante la Defensoría hasta la fecha).
- Período de oferta conciliatoria: 31/08/2026 al 29/09/2026.
- Solicitud de prórroga: 07/10/2026, extensión de 90 días sin exigencia de pago para los clientes.
- Estado judicial: denuncia penal en trámite para determinar responsabilidades.
Repercusiones para los vecinos
Las propuestas de restitución progresiva pueden significar alivio para los reclamantes que buscan recuperar los importes abonados, pero también generan incertidumbre sobre los plazos efectivos de pago y la cobertura total de los montos adeudados. El organismo defensor plantea la formalización de acuerdos que dejen documentados cada uno de los pagos efectuados.
Fuentes institucionales resaltaron que la aceptación de una modalidad de devolución no condiciona el avance de la investigación penal; la vía judicial podría determinar responsabilidades personales y societarias si se acreditan ilícitos. El camino conciliatorio, en ese marco, se utiliza para reparar perjuicios patrimoniales mientras se preservan las instancias de fiscalización y sanción si correspondiere.
Qué pasos pueden seguir los damnificados
La Defensoría del Pueblo recomendó a quienes tengan reclamos abiertos verificar si su expediente fue incluido en el listado de personas alcanzadas por la oferta de restitución y, en caso de dudas, acercarse al organismo para recibir asesoramiento sobre la conveniencia de aceptar un plan de pagos o mantener la vía judicial. Además, sugirió dejar constancia documental de cualquier acuerdo que se firme con la inmobiliaria.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Monto informado | $120.026.136,40 |
| Loteo involucrado | Barrio Los Búfalos |
| Representantes de la empresa | Martiniano Sosa (gerente) y asesor letrado |
| Estado del proceso | Oferta conciliatoria / denuncia penal en trámite |
El Defensor del Pueblo provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, supervisa el seguimiento de las propuestas de restitución y la documentación de los pagos. La recomendación oficial es actuar con prudencia: aceptar acuerdos sólo si quedan debidamente formalizados y sin renunciar a las instancias judiciales cuando corresponda.
Mientras tanto, la comunidad afectada espera detalles sobre el cronograma de pagos y la incorporación de nuevos casos al monto ya informado. El avance de la investigación penal determinará si la causa se limita a un conflicto patrimonial o si se configuran responsabilidades penales contra los responsables de la empresa.
