Durante los primeros dos años de la actual administración nacional, los fideicomisos que siguen vigentes acumularon ingresos por más de $8,2 billones y registraron un superávit que ronda los US$3.000 millones. En lugar de volcar una porción mayor de esos recursos a los proyectos de infraestructura para los cuales fueron creados, una parte importante terminó invertida en instrumentos financieros del Tesoro y otros títulos públicos.
Cómo se formó el excedente y qué destino tomó
El análisis de balances, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto muestra que el superávit provino de ingresos robustos y una ejecución parcial de los fondos. En concreto, los excedentes financieros alcanzaron $1,86 billones en 2024 y $1,23 billones en 2025, equivalentes a US$1.978 millones y US$973 millones según el tipo de cambio oficial promedio de cada ejercicio.
Las planillas oficiales señalan además que los fideicomisos sólo ejecutaron el 55,8% de lo recaudado en 2024, el 69,5% en 2025 y el 69,7% en el primer trimestre del año en curso. El remanente no utilizado pasó a colocaciones financieras bajo la administración del Ministerio de Economía, que modificó la práctica de resguardar fondos en plazos fijos del Banco Nación por la adquisición directa de deuda pública.
Montos proyectados y efectos en la disponibilidad
Para el ejercicio vigente, las planillas presupuestarias estiman colocaciones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos por $1,33 billones. Esa cifra, según el mismo cálculo oficial, permitiría disponer de cerca de US$880 millones adicionales proveniente de las cajas fiduciarias.
| Año | Excedente (ARS) | Equivalente aproximado (USD, oficial) |
|---|---|---|
| 2024 | $1,86 billones | US$1.978 millones |
| 2025 | $1,23 billones | US$973 millones |
| Proyección ejercicio | $1,33 billones (colocaciones) | ~US$880 millones disponibles |
Implicancias para obras y la gestión provincial
Los fideicomisos funcionan por ley con destinaciones específicas, mayoritariamente orientadas a infraestructura. No obstante, la decisión de priorizar la compra de instrumentos de deuda para sostener la estrategia de déficit cero de la Casa Rosada implica una menor disponibilidad inmediata para ejecutar obras previstas en esos fondos.
El efecto es de alcance federal: obras viales, cloacas, acueductos, y proyectos locales que suelen financiarse con estos mecanismos pueden experimentar demoras o reconversiones de fuentes de financiamiento. En Entre Ríos, donde la red de rutas y la infraestructura productiva son prioridades para el transporte agrícola y el desarrollo regional, la concentración de activos en deuda pública puede traducirse en postergaciones de intervenciones necesarias para la logística y el acceso a servicios.
Proyecciones y panorama a mediano plazo
Fuentes privadas y centros de estudios anticipan que, manteniéndose la dinámica actual, los excedentes acumulados en las cajas fiduciarias podrían rozar los US$4.000 millones al cabo de los primeros tres años de gobierno. Actualmente hay 29 fideicomisos en vigencia o en proceso de liquidación, según la documentación consultada.
- Origen: recaudación por fideicomisos vinculados a obras e infraestructura.
- Destino actual: colocaciones en letras, bonos y otros activos de deuda.
- Riesgo: reducción de la ejecución presupuestaria destinada a proyectos específicos.
La decisión de transformar recursos que tienen una finalidad predeterminada en colocaciones financieras responde a una estrategia macroeconómica de la administración central, aunque abre interrogantes sobre la capacidad real de completar obras en tiempo y forma y sobre la transparencia en la asignación de esos excedentes.
Para municipios y comunas —especialmente en provincias con fuerte dependencia de transferencias y proyectos cofinanciados— la menor liberación de recursos fiduciarios puede requerir buscar alternativas vía reasignaciones presupuestarias, créditos o reorganización de prioridades locales. En el corto plazo, esto puede afectar ritmo de obras públicas y, por ende, la operatividad de la producción y la calidad de servicios en el territorio.
Quedará en manos de futuras planificaciones y de las decisiones del Ministerio de Economía si una porción mayor de esos fondos vuelve a su propósito original o si continúa consolidándose su uso como caja financiera del Estado central.
