La Justicia abre la instancia para padres y tutores
El Poder Judicial de Entre Ríos dispuso la apertura de una convocatoria pública en el marco del Legajo Nº 36.759, identificado como "Varios Padres en representación de sus hijos, ASOC. GREMIAL AGMER y FUNDACIÓN CAUCE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo". La medida fue adoptada por el vocal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, y se concreta a través del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Superior Tribunal de Justicia.
Quiénes pueden participar y qué se debate
La convocatoria está dirigida a las personas que puedan considerarse afectadas o que tengan un interés directo en el amparo colectivo que cuestiona el nuevo esquema del programa alimentario escolar provincial. Según la resolución, quienes se consideren alcanzados podrán comparecer en el expediente para hacer valer sus derechos o manifestar su voluntad de autoexclusión.
El objeto central del proceso es la protección del derecho de niños, niñas y adolescentes que asisten a establecimientos educativos públicos provinciales y reciben desayunos y meriendas a través del programa. En particular, la acción pretende garantizar que los alimentos suministrados no sean aptos para causar perjuicio a la salud, a la luz de las previsiones contenidas en las Leyes Nº 25.724 y Nº 27.642.
El cuestionamiento al nuevo sistema de provisión
La resolución judicial identifica como causa fáctica común la implementación provincial de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, basado en productos predeterminados. Esos artículos industrializados son el centro de la controversia: el amparo busca determinar si, tal como están diseñados y suministrados, podrían afectar la salud de los menores que los consumen.
Plazos y forma de participación
La convocatoria se realizará durante dos días mediante el SIC del Poder Judicial. Tras esas publicaciones, se establece un plazo de 7 días contados desde la última difusión para que las personas interesadas comparezcan en el expediente o ejerciten la autoexclusión.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Expediente | Legajo Nº 36.759 |
| Carátula | Varios Padres en representación de sus hijos, ASOC. GREMIAL AGMER y FUNDACIÓN CAUCE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo |
| Juez interviniente | Vocal Juan Francisco Malvasio (Juicio y Apelaciones Nº 9, Paraná) |
| Medio de convocatoria | Servicio de Información y Comunicación (SIC) del STJER |
| Plazo para actuar | 7 días desde la última publicación (convocatoria por 2 días) |
Qué implica para las familias y las escuelas
La sentencia que pudiera dictarse en este expediente tendrá incidencia directa en cómo se diseñan y proveen los alimentos en las escuelas públicas de la provincia. Si el tribunal reconociera la existencia de un riesgo para la salud, las autoridades provinciales podrían verse obligadas a modificar la composición, el proceso de compra o la logística de distribución de desayunos y meriendas.
Para los padres y las escuelas esto representa una doble necesidad: por un lado, la garantía de que los productos entregados sean seguros y adecuados para la población infantil; por otro, la continuidad del servicio alimentario sin interrupciones que afecten la asistencia y el normal funcionamiento escolar.
Relevancia normativa
La referencia a las Leyes Nº 25.724 y Nº 27.642 sitúa el reclamo en un marco de protección de la salud alimentaria y derechos de consumidores y usuarios. Esas normas suelen invocarse en casos en que se cuestiona la idoneidad de productos industrializados o la información que acompaña a los alimentos.
- Quién convoca: Vocal Juan Francisco Malvasio.
- Qué se impugna: sistema uniforme de desayunos y meriendas con productos predeterminados.
- Plazo para adherir o excluirse: 7 días desde la última publicación.
La publicación oficial del llamado aparece fechada el 8 de agosto de 2026 en el registro del SIC del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Las familias interesadas deberán seguir las indicaciones del SIC para comparecer en el expediente y presentar las pruebas o manifestaciones que estimen pertinentes.
La resolución habilita así la participación colectiva en un proceso que pone en tensión dos objetivos públicos: la universalización y eficiencia de la política alimentaria escolar y la protección de la salud de sus beneficiarios. En los próximos días, el cauce judicial definirá si esa tensión exige cambios inmediatos en la fórmula y el abastecimiento de los alimentos que reciben miles de alumnos en la provincia.
