Un marco actualizado para producción y control
El gobierno de Entre Ríos reglamentó la Ley Nº 11.250, que establece un nuevo régimen de gestión ambiental de las actividades económicas y reemplaza una normativa provincial vigente desde 1978. La medida, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y la Secretaría de Ambiente, apunta a combinar la modernización administrativa con la fiscalización estatal.
La reglamentación fue coordinada por los funcionarios Guillermo Bernaudo y Rosa Hojman, y según el comunicado oficial busca ordenar los procedimientos que afectan a la inversión productiva, los municipios y el control sobre el uso del suelo.
Herramientas centrales: digitalización y unificación
Entre los instrumentos principales figura el Certificado Único Ambiental, un sistema unificado y digital que, según el gobierno, servirá para agilizar trámites y dar previsibilidad a quienes desarrollan actividades económicas en la provincia. Además, la reglamentación contempla la creación del Registro Provincial Ambiental y criterios unificados sobre el uso del suelo que deberán coordinarse con municipios y comunas.
- Certificado Único Ambiental: digitalización y simplificación de trámites.
- Registro Provincial Ambiental: inventario de actores y actividades con impacto ambiental.
- Participación ciudadana digital: mecanismos de consulta alineados con el Acuerdo de Escazú.
- Criterio unificado de uso de suelo: coordinación con intendencias y juntas de gobierno.
El nuevo régimen reemplaza a normas de varias décadas de antigüedad, como la Ley Nº 6.260 de 1978, y establece procedimientos más homogéneos para la evaluación y el seguimiento ambiental de proyectos productivos.
"Esta ley y su decreto reglamentario marcan un hito histórico para la provincia. Estamos dejando atrás trámites burocráticos y dispersos para ofrecer a quienes producen e invierten en Entre Ríos reglas claras, certidumbre jurídica y agilidad administrativa", afirmó el ministro Guillermo Bernaudo, según el parte oficial.
En la misma línea, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, destacó que "cuidar el ambiente y facilitar la producción no son objetivos contrapuestos cuando el Estado hace bien su trabajo" y señaló la fundamentación en la Constitución provincial y la Ley General del Ambiente.
Impacto para municipios y sectores productivos
La reglamentación introduce además mecanismos de coordinación con las administraciones locales: intendencias y comunas deberán adoptar criterios comunes respecto del uso del suelo y los requisitos ambientales. Fuentes oficiales presentaron la medida como resultado de un proceso de diálogo con distintos sectores productivos de la provincia.
Para productores y emprendedores, la expectativa gubernamental es que el nuevo régimen reduzca la fragmentación de exigencias y acelere la tramitación de proyectos. Al mismo tiempo, el Ejecutivo subrayó que la simplificación administrativa no implica una renuncia a las potestades de control y fiscalización del Estado provincial.
Participación y transparencia
Un aspecto destacado por la reglamentación es la incorporación de herramientas de participación ciudadana en formato digital, alineadas con lo previsto por el Acuerdo de Escazú. El objetivo declarado es facilitar el acceso a la información ambiental y habilitar instancias de consulta y observación pública en procesos relevantes.
| Elemento | Propósito |
|---|---|
| Certificado Único Ambiental | Unificar y digitalizar la habilitación ambiental |
| Registro Provincial Ambiental | Inventariar actividades y actores con impacto ambiental |
| Participación digital | Dar transparencia y cumplimiento a compromisos internacionales |
Desde la Gobernación se enfatiza que la normativa combina la protección ambiental con la previsibilidad necesaria para la inversión. El desafío para los próximos meses será implementar las plataformas digitales y garantizar que las intendencias y comunas puedan aplicar los criterios unificados sin demoras injustificadas.
Transición normativa y próximos pasos
La entrada en vigencia del decreto reglamentario habilita la puesta en funcionamiento de las nuevas herramientas, pero demanda pasos administrativos y técnicos: desarrollo de la plataforma del Certificado Único, carga inicial del Registro Provincial Ambiental y capacitación de equipos técnicos en los distintos niveles de gobierno.
En términos prácticos, productores y municipios deberán esperar las instrucciones operativas y los plazos para la migración de expedientes y la emisión de nuevos certificados. El Estado provincial adelantó que la implementación será progresiva, con fases destinadas a pruebas y ajuste fino de procedimientos.
La reglamentación de la Ley Nº 11.250 abre una etapa en la que la provincialidad busca armonizar la agenda ambiental con la agenda productiva. La concreción de ese objetivo dependerá de la capacidad técnica y de gestión para transformar la normativa en procesos efectivos y accesibles para quienes desarrollan actividad económica en Entre Ríos.
