Protesta frente a la Justicia y un conflicto laboral que crece
En una jornada que encendió la preocupación en el sector productivo regional, trabajadores de Granja Tres Arroyos se concentraron esta mañana frente al Juzgado Laboral para reclamar la reincorporación y el pago inmediato de indemnizaciones tras una ola de despidos. La movilización se realizó bajo la consigna “La necesidad no espera a la Justicia”, según informó la cobertura original del hecho.
La compañía desvinculó a 250 trabajadores sobre una plantilla total de 900 empleados, en un marco de denuncias de atrasos salariales por parte de la representación gremial. En paralelo, la empresa justificó las cesantías en cartas documento alegando una “grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora”.
Un pasivo millonario y múltiples demandas judiciales
El conflicto no es sólo laboral: la situación financiera de la avícola presenta un frente judicial complejo. La firma acumula cuatro pedidos de quiebra promovidos por ID Group SA, Fradei SA, ASA Tala SA y Centro de Distribución Sur SRL. A esos pedidos se suman juicios ejecutivos y una ejecución prendaria.
“La planta de Becar cerró sus puertas de forma definitiva y su personal fue reubicado en La China, establecimiento que permanece totalmente paralizado desde fines de mayo”, reportó la nota de base.
- Empleados desvinculados: 250 de 900
- Ejecutión prendaria: $55,78 millones
- Intereses y costas estimados: $25 millones
- Pasivo bancario declarado: $42.400 millones
- Cheques rechazados: por más de $86.400 millones
- Propuesta de reestructuración de pasivos: US$350,9 millones
La oferta de reestructuración y lo que implica
Frente a ese colapso financiero, la empresa presentó una propuesta para acordar con acreedores que incluye quitas de hasta el 75%, plazos de hasta siete años, la entrada de nuevos inversores y la venta de unidades consideradas no estratégicas. Esa estrategia busca aliviar la carga de la compañía, pero deja abierta la incertidumbre sobre el destino laboral de cientos de familias y la viabilidad de la producción en las plantas afectadas.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Desvinculados | 250 |
| Plantel total | 900 |
| Ejecutión prendaria | $55,78 millones |
| Intereses y costas estimados | $25 millones |
| Pasivo bancario | $42.400 millones |
| Cheques rechazados | $86.400 millones |
| Propuesta de reestructuración | US$350,9 millones |
Impacto regional y preguntas sin respuesta
Si bien los hechos ocurrieron en Concepción del Uruguay, la magnitud del pasivo y el volumen de personal afectado generan preocupación en distritos productivos del interior, incluido el Noroeste. La paralización de plantas y el cierre de unidades como la de Becar —cuyos trabajadores fueron reubicados en La China, según la reseña— describen un proceso de reacomodamiento que aún no garantiza continuidad laboral ni certeza sobre pagos adeudados.
Hasta ahora no se informó sobre acuerdos concretos con acreedores ni sobre medidas provinciales o nacionales para contener el conflicto laboral. La pulseada se trasladó a la Justicia laboral, donde las y los trabajadores reclaman respuestas inmediatas frente a una problemática que impacta en el ingreso cotidiano de las familias.
En la región, economías domésticas y comercios vinculados a la cadena de provisión avícola podrían sentir efectos indirectos si la producción permanece interrumpida. Por el momento, continúa la expectativa por eventuales medidas de las partes implicadas y por la resolución de los pedidos de quiebra que, de consolidarse, reconfigurarían la estructura productiva local.
La investigación judicial y las negociaciones con acreedores definirán los pasos siguientes; mientras tanto, el conflicto avanza entre reclamos laborales, demandas comerciales y un horizonte financiero que exige definiciones urgentes.
