La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ricardo Pity Velarde Cárdenas, quien fue titular de la Secretaría de Economía de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya. El exfuncionario buscó revertir la medida mediante un amparo, pero la autoridad judicial determinó que corresponde ventilar el asunto en la entidad donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Trámite judicial y traslado del expediente
Velarde promovió un recurso de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Según el expediente, el recurso fue interpuesto el 25 de agosto y se formalizó el 3 de septiembre. En la resolución emitida el 7 de septiembre de 2026, el órgano jurisdiccional no entró al fondo del asunto y ordenó remitir el caso a un juzgado federal con sede en Mazatlán, Sinaloa.
“por razón de territorio”
El señalamiento de incompetencia se fundamentó en la territorialidad procesal: la autoridad administrativa que conoció inicialmente del amparo consideró que los actos impugnados y los elementos probatorios corresponden a la jurisdicción de Sinaloa, por lo que devolvió el expediente para su atención en esa entidad.
Contexto público y empresarial
Ricardo Velarde es propietario del establecimiento Terraza Valentinos, un bar ubicado en el puerto de Mazatlán que ha estado en el centro de la atención pública tras la desaparición del joven Carlos Emilio Galván, reportada en 2025. A raíz de las investigaciones y de los señalamientos en su contra por posibles vínculos con ese caso, Velarde presentó su renuncia como secretario de Economía de Sinaloa en octubre de 2025.
En el momento de su dimisión, el gobernador Rubén Rocha Moya explicó que la renuncia respondía al compromiso personal del exfuncionario con el esclarecimiento de los hechos. No obstante, la inmovilización de sus cuentas por parte de la UIF añade una dimensión financiera y administrativa a la pesquisa, que ahora tendrá que ser atendida por la autoridad judicial competente en Sinaloa.
Qué significa para el bolsillo y el entorno económico
- Congelamiento de cuentas: implica que los recursos sujetos a la medida permanecen inmovilizados mientras dure la investigación o hasta que un juez ordene lo contrario; esto puede afectar pagos, nóminas o movimientos empresariales vinculados al titular de las cuentas.
- Reputación empresarial: propietarios de hoteles, restaurantes y bares en destinos turísticos como Mazatlán pueden enfrentar pérdida de confianza de clientes y proveedores, lo que impacta ingresos locales y empleo.
- Riesgo regulatorio: la intervención de la UIF suele asociarse a sospechas de operaciones con recursos de procedencia ilícita o irregularidades fiscales; la escenificación pública del caso aumenta el escrutinio sobre otros actores del sector.
Cronología de actos procesales
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 25 de agosto de 2026 | Promoción del recurso de amparo por parte de Velarde. |
| 3 de septiembre de 2026 | Ingreso formal del amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en CDMX. |
| 7 de septiembre de 2026 | El juzgado se declara incompetente “por razón de territorio” y ordena remitir el expediente a Mazatlán. |
El traslado del expediente a un juzgado federal en Sinaloa abre la puerta para que la resolución sobre el fondo del amparo se resuelva en la misma circunscripción donde se ubican los hechos y los activos implicados. A partir de la recepción del expediente, corresponderá al juzgado de Mazatlán programar las audiencias y notificar a las partes involucradas.
En términos de política económica y de cumplimiento, la intervención de la UIF en casos vinculados a exfuncionarios subraya la vigencia de los mecanismos de supervisión financiera del Gobierno federal. Para quienes realizan transacciones en negocios relacionados con el investigado, la recomendación práctica es revisar la situación contractual y fiscal ante la posibilidad de afectaciones operativas temporales.
Seguiremos el seguimiento judicial del expediente en Mazatlán y las eventuales determinaciones que emita la UIF o el Ministerio Público, así como cualquier efecto en la actividad económica local y en la administración estatal.
