Guadalajara, Jalisco — El reclamo del gobernador Pablo Lemus contra los ayuntamientos de Tlaquepaque y Tonalá por los adeudos al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) puso de nuevo sobre la mesa una tensión financiera y administrativa que puede tener consecuencias directas para los usuarios del servicio.
La exigencia y las cifras
En conferencia, el mandatario expresó su decepción porque, afirmó, ambos municipios se niegan a reconocer y negociar los pasivos heredados con el organismo operador. Según la información difundida por el gobierno estatal, el adeudo asignado a Tlaquepaque asciende a 260 millones de pesos, mientras que Tonalá mantiene un rezago por 90 millones de pesos.
Lemus contrastó la postura de estos dos ayuntamientos con la de otras autoridades y dependencias que ya comenzaron a cubrir sus cuentas pendientes: mencionó al Gobierno de Jalisco, la Federación, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y la Universidad de Guadalajara. Además, señaló que el Ejecutivo estatal revisó sus propias obligaciones y pagará alrededor de 240 millones de pesos al SIAPA por consumos acumulados en oficinas como Palacio de Gobierno y Casa Jalisco.
Consecuencias y advertencias
El gobernador fue claro al advertir que las administraciones que no cumplan con sus obligaciones podrían enfrentar consecuencias en el suministro de agua. Esa advertencia, aunque no detalló un procedimiento específico ni plazos, coloca a los municipios en una situación de presión pública: el riesgo de una medida que impacte servicios básicos es un elemento que eleva la disputa más allá del terreno jurídico o contable.
"Estoy verdaderamente muy decepcionado de que ni Tlaquepaque, ni Tonalá quieran pagar. No quieren llegar a acuerdos, no quieren pagar los adeudos, no quieren reconocer los pasivos pasados", declaró el gobernador.
La declaración del titular del Ejecutivo estatal resume la intención de empujar a los municipios a reconocer su carga financiera y sentarse a negociar esquemas de pago.
Impacto local y responsabilidades
Para la ciudadanía de Tlaquepaque, la disputa tiene dos lecturas prácticas: por un lado, la obligación de cumplir con pasivos históricos apunta a la necesidad de sanear las finanzas municipales para garantizar la operación del SIAPA; por otro, la posibilidad de restricciones en el servicio obligaría a los gobiernos locales a priorizar negociación y transparencia en cómo se atendieron consumos y contratos pasados.
- Adeudo reportado de Tlaquepaque: 260 millones de pesos.
- Adeudo reportado de Tonalá: 90 millones de pesos.
- Pago estatal anunciado: alrededor de 240 millones de pesos para cubrir consumos de dependencias.
El reclamo público del gobernador también abre un debate sobre la responsabilidad de administraciones actuales frente a obligaciones heredadas, tema que Lemus rechazó minimizar al decir que un gobierno debe asumir compromisos pasados, al igual que sucede en las finanzas estatales.
Qué sigue para Tlaquepaque
Por ahora, la pelota está en la cancha del ayuntamiento de Tlaquepaque: la administración municipal deberá decidir si reconoce la cifra, propone un esquema de pago y se sienta a negociar con el SIAPA y el gobierno estatal. En ausencia de acuerdo, la amenaza de afectación al suministro pone en relieve la necesidad de resolver la disputa con rapidez para evitar repercusiones en hogares, comercios e industrias locales.
| Actor | Acción anunciada |
|---|---|
| Gobierno de Jalisco | Pagar ~240 mdp por consumos de dependencias |
| Tlaquepaque | Adeudo señalado: 260 mdp (negociación pendiente) |
| Tonalá | Adeudo señalado: 90 mdp (negociación pendiente) |
Esta historia exige seguimiento: los próximos pasos de Tlaquepaque —si opta por dialogar públicamente con el SIAPA o recurre a vías legales— definirán no sólo la solución de un pasivo, sino la estabilidad en la prestación de un servicio esencial para toda la zona metropolitana. Desde aquí seguiremos pendientes para informar cualquier avance en la mesa de negociación.
