En una agenda que combina seguridad hidráulica y ordenamiento urbano, el Ayuntamiento de Tlaquepaque y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) suscribieron un convenio de colaboración este lunes en el Museo Pantaleón Panduro. El acto formalizó compromisos para vigilar y regular las zonas federales que afectan la capacidad de conducción y retención del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Contexto y alcance del convenio
El acuerdo se firma en el marco de la nueva Ley de Aguas Nacionales, que obliga a municipios a asumir responsabilidades operativas, regulatorias y de garantía del derecho humano al agua. Por Tlaquepaque participaron la alcaldesa Laura Imelda Pérez y por Conagua el director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, además de funcionarios de ambas instancias.
En el diagnóstico presentado por Conagua se detectaron cerca de 400 viviendas que han construido anexos en zonas federales del municipio, especialmente en áreas vinculadas con el Arroyo Seco y la Presa El Chicharrón. Estas ocupaciones reducen la capacidad de conducción/retención de agua y aumentan el riesgo de inundaciones para la población.
“Se trata de que compartamos ese gobierno, que juntos, podamos vigilar la zona federal y que juntos podamos regular la zona federal”,
afirmó Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas durante la firma, al explicar la intención de coordinar acciones para evitar la proliferación de ocupaciones en cauces y vasos de almacenamiento.
Acciones prioritarias y línea de trabajo
El convenio describe un marco para:
- Identificar y documentar ocupaciones irregulares en zonas federales.
- Evaluar caso por caso para distinguir a quien pueda regularizarse conforme a la normativa federal.
- Impulsar medidas de vigilancia conjunta para prevenir nuevas invasiones.
- Coordinar reordenamientos de cuenca y acciones de mitigación de riesgo hídrico.
Conagua puso como ejemplo el trabajo ya realizado con el municipio de Jamay, donde tras firmar un convenio se detectaron 10 violaciones a zonas federales por ocupaciones en el vaso de un lago. El planteamiento es replicar la metodología en Tlaquepaque para atender los casos detectados.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Zonas señaladas | Arroyo Seco, Presa El Chicharrón |
| Viviendas detectadas | ~400 |
| Marco legal | Nueva Ley de Aguas Nacionales |
| Acciones | Identificación, evaluación, posible regularización y vigilancia conjunta |
Implicaciones locales y retos económicos
Para los tapatíos de Tlaquepaque esto representa dos aristas claras: por un lado, la oportunidad de reducir riesgos de inundación que afectan barrios populares y vialidades; por otro, la complejidad administrativa y social que conlleva detectar, notificar y, en su caso, recuperar zonas federales sin generar desplazamientos injustificados.
Desde la perspectiva presupuestal y de gobernanza municipal, la coordinación con Conagua podría exigir recursos técnicos y económicos para censos, peritajes y programas de mitigación. Al mismo tiempo, abre la puerta a esquemas de regularización para quienes cumplan requisitos normativos, lo que implica trámites y posiblemente costos para las familias interesadas.
En el corto plazo, la principal tarea será la revisión de cada caso detectado en el Arroyo Seco y la Presa El Chicharrón, y la implementación de circuitos de vigilancia conjunta que impidan nuevas ocupaciones. En paralelo, habrá que monitorear que las medidas no sólo sean punitivas sino también preventivas y de protección civil, sobre todo ante temporadas de lluvia.
La firma del convenio marca un punto de inflexión: Tlaquepaque asume un rol activo en la gestión de sus corredores de agua, con la obligación de armonizar políticas municipales con la normativa federal. Es una apuesta por la resiliencia hidráulica del municipio; ahora falta que la coordinación técnica y la voluntad política se traduzcan en acciones concretas en terreno.
Reporto desde Tlaquepaque para WE NEWS, con el pulso local y la mirada económica que nos importa a quienes vivimos la Zona Metropolitana.
