La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó este lunes revocar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) en torno a las 11 denuncias presentadas por la regidora Evelyn Camela contra el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz. En la resolución la instancia federal ordenó reponer el procedimiento y practicar diligencias complementarias para investigar los hechos de manera integral.
Motivos de la revocación
El pleno regional consideró que el órgano jurisdiccional local realizó un análisis insuficiente y fragmentado de las conductas denunciadas. Por ello, en los juicios de la ciudadanía numerados como 216 y 217 de 2026, la Sala propuso acumular ambos asuntos y completar las indagatorias que permitan identificar responsables y determinar la incidencia de las conductas en el contexto general señalado por la parte quejosa.
La decisión de volver a abrir el proceso no representa que la Sala Regional haya declarado acreditada la violencia política de género denunciada; más bien, implica que se consideró insuficiente la pesquisa practicada por el tribunal estatal para emitir un fallo definitivo.
Trayectoria del caso
En junio pasado el Tribunal Electoral del Estado de Puebla resolvió que las 11 acusaciones no pudieron acreditarse y declaró la denuncia como infundada. Esa determinación fue impugnada ante la instancia federal por la regidora, quien sostuvo que el análisis del tribunal local no abordó de forma unitaria el conjunto de hechos y conductas consignadas durante el procedimiento.
| Elemento | Situación actual |
|---|---|
| Quejas presentadas | 11 |
| Tribunal estatal | Declaró infundada la denuncia (junio) |
| Sala Regional (TEPJF) | Revocó y ordenó reponer el procedimiento |
| Juicios | Ciudadanía 216 y 217 de 2026 (acumulados) |
Implicaciones y contexto
La resolución proyecta efectos prácticos y simbólicos. En lo procesal, obliga a reintegrar diligencias que permitan reconstruir el cuadro fáctico sin segmentar las conductas y, en su caso, a emplazar a las personas cuya participación pudiera resultar relevante. En lo político y social, el pronunciamiento refuerza la obligación de los órganos electorales locales para investigar con perspectiva de género y con énfasis en la integralidad del relato probatorio.
- Se ordenó la acumulación de los dos juicios de la ciudadanía relacionados con las quejas.
- La Sala Regional instruyó realizar las diligencias necesarias para identificar responsables y valorar las conductas en su conjunto.
- La revocación no implica, por sí sola, que se haya acreditado la violencia política de género.
La decisión pone de relieve la tensión recurrente entre tribunales estatales y federales en casos de violencia política de género, donde la correcta valoración de pruebas y la aplicación de la perspectiva de género suelen ser puntos críticos. Al ordenar una nueva etapa de análisis, la Sala Regional busca evitar resoluciones que puedan resultar fragmentarias o que omitan la conexión entre distintos actos denunciados.
Pasos siguientes
Con la orden federal, el expediente deberá regresar al órgano local para llevar a cabo las diligencias ordenadas por la Sala Regional. Entre esas actuaciones estarán, en principio, el emplazamiento de personas señaladas, la recolección y valoración de pruebas adicionales y la reconstrucción de la secuencia de actos denunciados para decidir, con base en un análisis global, si existen elementos suficientes para declarar la existencia de violencia política de género.
El resultado final dependerá del alcance de las diligencias que practique el tribunal estatal y de la forma en que se integren los elementos probatorios. Hasta que ello ocurra, la revocación funciona como una corrección procesal que exige mayor exhaustividad investigadora pero no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de las partes involucradas.
