El Gobierno de Quintana Roo arrancó una primera jornada para la cancelación de hipotecas inscritas en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) correspondientes a 100 familias que ya habían cubierto sus créditos pero no contaban con la certeza jurídica de sus viviendas, informó la administración estatal.
Una respuesta a un rezago millonario
La iniciativa estatal forma parte de un esfuerzo mayor para abatir un rezago estimado en 51,000 cancelaciones pendientes. Según el gobierno, se prevé que este año se atiendan más de 13,000 de esos expedientes. La medida supone, además, un ahorro aproximado de 16,000 pesos por familia en conceptos como derecho de expedición, fojas y registro.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el acto inaugural. En el comunicado oficial se indicó que la acción se realiza en el marco del convenio firmado hace un año entre el Infonavit y el Gobierno del Estado, cuyo propósito es facilitar los trámites burocráticos para los derechohabientes.
¿Qué significa la cancelación de hipoteca?
La cancelación de una hipoteca implica la eliminación del gravamen que el Instituto tiene sobre una propiedad cuando el crédito fue liquidado. Sin este trámite, los propietarios pueden enfrentar limitaciones para vender, heredar o disponer legalmente de la vivienda, además de carecer de la seguridad jurídica que garantiza la titularidad libre del bien.
En este caso, las 100 primeras familias beneficiadas habían ya saldado sus créditos pero aún no contaban con los documentos que acreditaran la extinción del gravamen.
Datos clave del programa
- Primer grupo atendido: 100 familias.
- Rezago total reportado: 51,000 cancelaciones pendientes.
- Meta para el año: Más de 13,000 expedientes a procesar.
- Ahorro estimado por familia: 16,000 pesos en trámites.
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Primeras familias atendidas | 100 |
| Rezago total | 51,000 |
| Meta anual | 13,000+ |
| Ahorro promedio por familia | $16,000 |
Contexto y alcance
El programa responde a un problema que el gobierno estatal atribuye, en parte, a la acumulación de trámites burocráticos que impiden a los derechohabientes obtener la documentación que acredite la cancelación de su hipoteca. La acción es además vinculada en el boletín oficial con una política impulsada por la presidencia de la República, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destinada a atender créditos que se volvieron impagables u otros casos que requieren regularización.
Al facilitar y acelerar los procesos de cancelación, la administración busca no sólo otorgar certeza jurídica a las familias sino también reducir costos administrativos que, según el gobierno, llegan a representar cerca de 16,000 pesos por caso. No obstante, el alcance real del programa dependerá del ritmo de gestión y de la coordinación entre autoridades estatales y el Infonavit.
Impacto para las familias
Para quienes han liquidado su crédito, obtener la cancelación del gravamen significa tener pleno acceso a tramitar escrituras, vender o heredar el inmueble sin trabas legales. El ahorro en comisiones y trámites administrativos también representa un alivio económico para hogares que, en algunos casos, pudieron haber afrontado gastos adicionales al concluir su responsabilidad crediticia.
La administración estatal presentó este primer bloque de cancelaciones como el inicio de una jornada que irá atendiendo expedientes acumulados; sin embargo, no se entregaron detalles públicos sobre criterios de priorización, tiempos específicos por localidad ni el calendario completo para cubrir las más de 13,000 cancelaciones previstas para este año.
Transparencia y seguimiento
El convenio con Infonavit, suscrito hace un año, pretende agilizar trámites; la evaluación de resultados exigirá, empero, mayor transparencia en la entrega de información sobre plazos, número de trámites resueltos por municipio y mecanismos de reclamo para personas que aún no han obtenido la cancelación pese a haber liquidado su crédito.
En lo inmediato, el gobierno estatal continuará con jornadas similares a la realizada para estas 100 familias, con el objetivo declarado de disminuir el rezago y ofrecer certeza jurídica a quienes requieren la cancelación del gravamen sobre sus viviendas.
