La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolvió terminar el procedimiento de evaluación ambiental y negó la regularización del hotel Papaya Project, ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera Tulum‑Boca Paila, luego de que el desarrollo inició operaciones sin contar con la autorización correspondiente de impacto ambiental.
Motivos de la decisión
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) puso fin al trámite mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-07136-26, al considerar que la promotora no aportó información suficiente para acreditar la operación de 129 cuartos de hospedaje y porque se detectaron inconsistencias en la identificación de las obras.
La dependencia señaló dificultades para distinguir entre:
- Obras ejecutadas sin autorización ambiental previa.
- Obras que fueron objeto de procedimientos administrativos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
- Obras nuevas que la promotora pretendía incluir en el proyecto.
“Si bien es cierto la Promovente presentó un listado de coordenadas por componente, también lo es que no se tiene certeza respecto de la ubicación e identificación de las actividades sancionadas por la (...) Profepa y las que se pretenden realizar como obras nuevas que contempla el Proyecto.”
Contexto territorial y ambiental
Según la DGIRA, el desarrollo se asienta sobre una superficie aproximada de 3.8 hectáreas, además de elementos proyectados en áreas menores. La Semarnat recordó que en 2022 ya había emitido una resolución que negó la autorización ambiental para la operación y mantenimiento de obras ejecutadas sin autorización previa.
La ubicación del hotel importa porque el predio se encuentra dentro de la zona de influencia y subzonificación del Parque Nacional Tulum y también en áreas de influencia de las reservas de la biosfera Sian Ka’an y Caribe Mexicano. Estas figuras de protección implican condiciones más estrictas para la autorización de proyectos que puedan afectar procesos ecológicos, hábitats de especies y servicios ambientales.
Implicaciones para Tulum
La resolución de la Semarnat tiene efectos concretos en varios frentes: protección de áreas naturales, precedentes sobre el control de obras sin permiso y la percepción del ordenamiento territorial en un destino turístico que ha enfrentado presiones de desarrollo en los últimos años.
Para las comunidades y actores locales, la negativa refuerza la necesidad de que los proyectos presenten documentación clara que distinga qué obras fueron sancionadas, cuáles se mantienen y qué nuevas intervenciones se pretenden realizar. La falta de esa claridad impide a la autoridad evaluar riesgos y condicionamientos ambientales pertinentes.
Datos relevantes
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Papaya Project (Papaya Playa) |
| Ubicación | Km 4.5, carretera Tulum‑Boca Paila, municipio de Tulum |
| Superficie aproximada | 3.8 hectáreas |
| Cuartos de hospedaje señalados | 129 |
| Oficio | SRA/DGIRA/DG-07136-26 |
Qué sigue y preguntas abiertas
Con la terminación del procedimiento por parte de la DGIRA, el proyecto no obtuvo la regularización solicitada. La medida no sustituye otras acciones administrativas o sanciones que corresponda imponer por obras realizadas sin autorización; tampoco implica automáticamente una clausura física, que es facultad de otras instancias, como la Profepa o autoridades municipales, según corresponda.
Entre las preguntas que permanecen están: si la promotora presentará nueva documentación para subsanar las inconsistencias, si habrá acciones de verificación por la Profepa respecto de posibles sanciones anteriores, y qué seguimiento dará la Secretaría a la protección de la zona, considerando la cercanía con áreas de elevada sensibilidad ambiental.
La decisión de la Semarnat se inserta en un contexto local donde la protección de áreas naturales y la expansión turística se encuentran en tensión. Para una gestión ambiental efectiva en Tulum, especialistas y comunidades han sostenido que es necesario transparentar trámites, mejorar el monitoreo y aplicar la normatividad con base en la evaluación técnica del riesgo y la conservación.