Padres y madres de la Selección Yucatán B de futbol formalizaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por presuntas irregularidades cometidas por la agencia de viajes Mayacorptrips, que según las familias dejó fuera a 12 de los 18 niños convocados al Campeonato Nacional que se celebró en Tijuana.
Reclamo y denuncia penal
Los tutores identificaron como propietaria de la empresa a Mayra Sánchez Altamirano y señalan que, además de la falta de respuestas claras sobre lo sucedido, desconocen el paradero del dinero que entregaron para la contratación de vuelos y hospedaje. La queja fue interpuesta en la Fiscalía de Quintana Roo, donde los padres piden que se investiguen los comprobantes de pago, las reservas y los movimientos relacionados con las operaciones.
Cómo ocurrieron los hechos según las familias
La delegación tenía planeado salir desde Mérida el miércoles 21 de octubre. Algunos padres ya estaban en esa ciudad o en tránsito cuando recibieron notificaciones que modificaban tanto la fecha —al jueves 22— como el aeropuerto de salida, que pasó a ser Cancún. En el aeropuerto, relatan, vivieron horas de incertidumbre.
- Inicialmente se les informó de una supuesta sobreventa por parte de la aerolínea.
- Posteriormente recibieron pases de abordar, pero al presentarse en mostradores varias reservaciones habían sido canceladas por la agencia contratada.
- En esas circunstancias, la propietaria de Mayacorptrips llegó al aeropuerto y ofreció solucionar el problema, mostrando documentos que, según los denunciantes, no correspondían a servicios confirmados.
Los acontecimientos se desarrollaron frente a personal de la Guardia Nacional y empleados del propio aeropuerto, según los testimonios reunidos por las familias. Solo seis menores lograron llegar a Tijuana, acompañados por familiares, y ellos también enfrentaron problemas con el hospedaje y el traslado del aeropuerto al hotel, servicios que, sostienen, estaban incluidos en lo contratado.
Demandas y pruebas que solicitan los padres
Entre las peticiones principales, los tutores exigen que la Fiscalía revise la documentación exhibida por la agencia, los comprobantes de pago entregados por las familias y los registros operativos que permitan esclarecer qué pasó con las reservaciones y las prestaciones pagadas. Hasta el momento, afirman, la investigación avanza con lentitud y no han recibido información concreta sobre el destino de los recursos.
Impacto local y deportivo
El incidente dejó fuera del torneo a la mayoría de la plantilla convocada, afectando no solo la experiencia competitiva de los menores sino también la inversión económica y emocional de las familias. En Yucatán, donde el deporte infantil es un vehículo de convivencia comunitaria y formación, casos de esta naturaleza suelen generar preocupación entre entrenadores, clubes y ligas locales sobre la seguridad y fiabilidad de proveedores de servicios para viajes.
Aspectos legales y pasos a seguir
La presentación de la denuncia ante la Fiscalía es el primer paso formal para que las autoridades reúnan pruebas, soliciten documentación a la agencia y a aerolíneas u hoteles involucrados, y determinen si existen responsabilidades administrativas o penales. Las familias esperan que la investigación arroje resultados y permita aclarar si hubo conducta dolosa o negligencia en las contrataciones.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Niños convocados | 18 |
| Afectados que no viajaron | 12 |
| Jugadores que sí llegaron a Tijuana | 6 |
| Fechas del viaje | Salida prevista 21/oct; reprogramada 22/oct |
Recomendaciones prácticas para familias
Ante situaciones semejantes, especialistas en consumo y abogados consultados en otros casos recomiendan conservar todos los comprobantes de pago, capturas de pantalla de mensajes o cambios, correos electrónicos, contratos y cualquier documento que acredite la contratación. También sugieren solicitar por escrito detalles de las reservas y, de detectarse irregularidades, presentar la queja ante autoridades competentes en materia de consumo y, si procede, dar parte ante el Ministerio Público.
Las familias afectadas ya regresaron a Valladolid, Yucatán, mientras esperan que la investigación avance y se esclarezca el manejo de los recursos y las reservas que, según su versión, prometió la agencia. La denuncia ante la Fiscalía busca no solo reparar el daño económico sino sentar un precedente en la protección de menores y usuarios frente a proveedores de servicios turísticos.
En la península, donde la confianza en proveedores locales y la solidaridad familiar son valores centrales, este caso ha reavivado el debate sobre la regulación y supervisión de agencias que organizan viajes colectivos, sobre todo cuando se trata de grupos vulnerables como niñas y niños deportistas.
