A partir del inicio de octubre, las escuelas públicas de Puebla implementarán una prohibición total de teléfonos celulares durante el horario de clases en los niveles de primaria y secundaria, conforme a un acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades estatales en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).
Qué establece el acuerdo
El marco normativo aprobado distingue la regulación por niveles educativos: mientras que en la educación básica la restricción será absoluta, en educación media superior cada plantel —preparatoria o bachillerato— deberá definir sus propias reglas mediante consensos. En cuanto a la educación superior, las instituciones conservarán autonomía para fijar las normas internas sobre el uso de dispositivos móviles en sus instalaciones.
| Nivel educativo | Regulación |
|---|---|
| Primaria y secundaria | Prohibición total durante horas de clase |
| Media superior | Lineamientos definidos por cada plantel |
| Superiores | Autonomía institucional |
Motivos y alcance
Las autoridades argumentan que la medida busca mitigar efectos ligados al uso excesivo de dispositivos electrónicos entre estudiantes, relacionados con la salud mental y el comportamiento. Manuel Viveros Narciso, secretario de Educación en Puebla, planteó que no se trata de una sanción, sino de una política de cuidado.
"El uso excesivo de estos dispositivos electrónicos provoca ansiedad, problemas de autoestima, autolesiones, desórdenes alimenticios y depresión a temprana edad."
El dictamen aprobado entrará en vigor de forma obligatoria con el inicio de octubre y pretende uniformar el tratamiento del tema dentro del sistema escolar estatal y, por extensión, impulsar criterios similares en otras entidades que participen de las conclusiones del CONAEDU.
Implicaciones para docentes, familias y comunidades
La medida abre preguntas operativas y pedagógicas sobre cómo se implementará en las aulas y quién será responsable del resguardo de los dispositivos durante la jornada escolar. También plantea retos en torno a la comunicación entre familias y estudiantes, especialmente en contextos donde el celular sirve como herramienta para coordinar traslados o notificar emergencias.
- Responsabilidad de los planteles: deberán establecer protocolos claros para la supervisión y custodia de equipos cuando se imponga la prohibición.
- Formación docente: será necesario capacitar a profesores para manejar la dinámica en aulas sin móviles y para atender señales de riesgo en salud mental.
- Comunicación con familias: las escuelas tendrán que acordar canales alternos y horarios para la interacción con tutores.
Especialistas en educación han señalado en otras ocasiones que, si bien limitar el acceso a teléfonos puede reducir distracciones, es indispensable acompañar la medida con estrategias de alfabetización digital, apoyo a la salud mental y protocolos claros para evitar estigmatización o sanciones desproporcionadas.
Contexto nacional
La discusión sobre el control del uso de dispositivos móviles en escuelas ha ganado tracción en los últimos meses en varios estados, con foros locales y propuestas legislativas orientadas a definir un marco de bienestar digital. En Puebla esta discusión se intensificó desde abril, cuando el congreso local abrió consultas públicas para avanzar en una ley relacionada con el tema.
La resolución del CONAEDU y el compromiso de la SEP para armonizar criterios ponen en el centro del debate la tensión entre la protección de la salud mental de la infancia y adolescencia y la necesidad de garantizar la comunicación y el acceso a recursos educativos digitales. El alcance y los resultados de la medida dependerán en buena medida de su instrumentación en las escuelas y del apoyo que reciban docentes y familias para su aplicación.
