En primera persona: pescadores de comunidades como Lerma, San Román y Seybaplaya describen jornadas de trabajo cada vez más caras y retornos económicos que no alcanzan a cubrir los costos operativos. Ante esa situación, la Federación de Comunidades Pesqueras Ribereñas y Acuicultores del Municipio de Campeche intensificó las protestas frente al Gobierno del Estado y anunció que no asistirá al informe de la gobernadora Layda Sansores, como muestra del clima de desconfianza que, dicen, prevalece entre las organizaciones ribereñas.
Demandas claras y rechazo a intermediarios
La federación presentó un pliego petitorio articulado en cuatro ejes estratégicos que, aseguran sus miembros, son esenciales para la subsistencia económica de las comunidades pesqueras. Entre las principales demandas figura la eliminación de intermediarios en la entrega de apoyos y la exigencia de que las compensaciones por el impacto petrolero lleguen directamente a los pescadores, acompañadas de auditorías locales para verificar su correcto uso.
“El apoyo actual de $4,000 pesos anuales es insignificante”,
representan los líderes del sector, quienes detallaron que esa cifra equivale a aproximadamente $11 pesos diarios y es insuficiente frente al incremento de los costos operativos. Por ello solicitan un incremento directo de otros $4,000 pesos por beneficiario, medida que, según dijeron, está siendo analizada por la Secretaría de Finanzas.
Acusaciones de manejo opaco y solicitud de auditorías
Los manifestantes denunciaron un manejo opaco e ilícito de los recursos del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, y exigieron transparencia en la gestión de esos fondos. Recalcaron que los apoyos llegan muchas veces a través de intermediarios que, a su juicio, diluyen el beneficio directo a las familias pesqueras.
Además, solicitaron la intervención de instancias tanto estatales como federales para que las entregas sean auditadas a nivel local y se garantice que los recursos se entreguen a quienes realmente participan en la actividad pesquera.
Seguridad, vedas y pesca furtiva
Otro eje del conflicto es la pesca furtiva durante las vedas, que, dijeron, depreda las especies comerciales y reduce las capturas legales. Los representantes exigieron que CONAPESCA y las autoridades estatales implementen operativos para frenar esas prácticas y proteger el derecho al trabajo de las comunidades ribereñas durante los periodos de veda.
Clima de tensión y acusaciones de amenazas
Los dirigentes, entre ellos José del Carmen Huicab Fernández y Abraham Martínez Caamal, denunciaron amenazas contra líderes de la federación y señalaron detenciones de activistas en eventos previos como antecedente que aumentó la desconfianza. Ese contexto fue la razón pública para no acudir al informe de la mandataria, dijeron, pues consideran que su integridad podría estar en riesgo.
Posición del gobierno y pasos siguientes
Según los pescadores, el gobierno estatal ha reconocido la legitimidad de las peticiones, pero condicionó el avance a la presentación de un anteproyecto técnico por parte de las cooperativas. La federación sostiene que esa exigencia burocrática dilata soluciones urgentes y puso como ejemplo la demanda de subsidios directos para diésel y gasolina ribereña, imprescindibles para reducir el costo de operación de las embarcaciones.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Apoyo anual actual por beneficiario | $4,000 |
| Equivalente diario aproximado | $11 |
| Aumento solicitado | $4,000 |
Reclamo por representatividad regional
Los pescadores también acusaron una preferencia del gobierno por los intereses de Ciudad del Carmen, en detrimento de las comunidades del norte y centro del estado. Aseguran que esta falta de representatividad agrava la percepción de desatención y alimenta la movilización ciudadana.
En los próximos días, la federación anunció que mantendrá medidas de presión hasta obtener respuestas concretas y verificables. Las comunidades agrupadas en la organización advierten que sus acciones continuarán si no se concreta la eliminación de intermediarios, la auditoría de los fondos y un programa de subsidios para combustible.
- Demandas principales: entrega directa de apoyos, eliminación de intermediarios y auditorías.
- Reclamo adicional: subsidio estatal para diésel y gasolina ribereña.
- Seguridad: denuncias de amenazas y peticiones a CONAPESCA para frenar la pesca furtiva.
La protesta evidencia una tensión sostenida entre comunidades costeras y autoridades, con el riesgo de que el conflicto escale si las partes no establecen canales de diálogo y verificación independientes que permitan restaurar la confianza y garantizar la llegada efectiva de recursos a los ribereños.
