La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el pasado 23 de julio la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la nueva Central de Combustión Interna (CCI) proyectada en Los Cabos, Baja California Sur, un proyecto que forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.
Ante esa autorización, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe garantizar el cuidado del medio ambiente durante el desarrollo y la operación de la planta. Señaló que la propia CFE cuenta con especialistas encargados de prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales derivados de la infraestructura eléctrica.
“Los especialistas, la misma Comisión Federal de Electricidad tiene especialistas que deben cuidar el medio ambiente. Yo en eso siempre voy a ser cuidadoso”.
Características del proyecto y ámbito de afectación
La CCI autorizada contempla una capacidad de generación de 240 megawatts y ocupará aproximadamente 19 hectáreas, de las cuales cerca de 17 hectáreas requerirán cambio de uso de suelo en terrenos de matorral. El proyecto incluye:
- 13 motores de combustión interna y 13 generadores eléctricos.
- Siete transformadores.
- Una subestación y líneas de transmisión.
La autorización ambiental incorpora medidas de mitigación y programas de vigilancia, según el expediente al que se refiere la nota oficial. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han advertido sobre los riesgos asociados a la operación de una central que utilizará combustibles fósiles, en particular por su posible incidencia en la calidad del aire.
Presión por energía y exigencia de protección
El gobernador subrayó que la búsqueda de mayor capacidad de generación para Baja California Sur debe desarrollarse bajo criterios de protección ambiental. Afirmó que, aunque es importante fortalecer el suministro eléctrico en la entidad, la adopción de nueva infraestructura no puede desligarse de las obligaciones de prevención y mitigación de impactos.
En su declaración insistió en que la estrategia energética para el estado “no contempla únicamente la construcción de esta central”, lo que sugiere que el proyecto forma parte de un conjunto de acciones para reforzar el sistema eléctrico local. No obstante, la información disponible especifica que la MIA aprobada corresponde a la CCI con las características descritas y que su inclusión en el plan nacional la ubica como una obra prioritaria para el periodo 2025–2030.
Implicaciones ambientales y sociales
El cambio de uso de suelo de casi 17 hectáreas en zonas de matorral plantea interrogantes sobre la pérdida de vegetación y sus servicios ecosistémicos, así como sobre la fragmentación de hábitats que pueden afectar a la biodiversidad local. Asimismo, operar con combustibles fósiles puede incidir en emisiones locales y en la calidad del aire, aspectos que suelen ser foco de vigilancia comunitaria y de organizaciones ambientalistas.
La autorización incluye programas de vigilancia y medidas de mitigación, pero la eficacia de esas acciones dependerá de su implementación y supervisión continua por parte de las autoridades competentes y de la propia CFE. El llamado del gobernador a la CFE a proteger el entorno refuerza la demanda pública por una operación que cumpla con los estándares ambientales y con la transparencia en el cumplimiento de las medidas prometidas.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 240 MW |
| Superficie total | ~19 ha |
| Superficie a cambiar de uso | ~17 ha (matorral) |
| Componentes principales | 13 motores, 13 generadores, 7 transformadores, subestación y líneas |
La aprobación administrativa de la MIA no cierra el debate público ni técnico: comunidades, autoridades estatales y organizaciones ambientales suelen seguir de cerca la implementación de proyectos energéticos, especialmente cuando implican combustibles fósiles y alteración de coberturas vegetales en zonas sensibles.
La exigencia del gobernador de que la CFE haga un manejo cuidadoso y especializado del impacto ambiental refleja la tensión entre la necesidad de seguridad energética y la demanda de protección ambiental en áreas con alta vocación turística y ecosistemas frágiles como Baja California Sur.
