La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó un acuerdo que regula el uso de teléfonos móviles en los planteles educativos, pero especialistas y organizaciones civiles consideran que el documento presenta vacíos que dificultan su aplicación y limitan su eficacia para reducir distracciones y promover una cultura digital equilibrada.
¿Qué establece el acuerdo?
De acuerdo con el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la normativa propone:
- Restricción del uso de celulares en primarias y secundarias, con excepciones para actividades educativas previamente programadas, por motivos de discapacidad o por necesidades particulares y extraordinarias.
- Un enfoque de uso controlado del dispositivo en planteles de nivel medio superior y superior, con la condición de que cada escuela elabore sus propios acuerdos de implementación.
- Inicio de la implementación a partir del 3 de noviembre.
Críticas y ambigüedades señaladas por especialistas
Académicos consultados por medios nacionales advierten que el acuerdo refleja una intención de equilibrar el prohibicionismo y el uso controlado, pero que no entrega herramientas suficientes para hacer operativo ese equilibrio en las aulas.
Cimenna Chao, investigadora en educación, señala que el documento asume una capacidad de autorregulación por parte del alumnado, pero que más allá de lineamientos generales —como decálogos sugeridos para trabajar con estudiantes— se carece de mecanismos concretos que permitan convertir esas recomendaciones en prácticas sistemáticas.
Por su parte, Paulina Amozurrutia, directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana, advierte que el acuerdo no toma en cuenta la situación de planteles que no cuentan con otra infraestructura tecnológica o con conexión a internet, por lo que en algunos centros el teléfono es la única vía de acceso a la red.
Preguntas sin respuesta en la regulación
Organizaciones sociales y académicas han subrayado al menos tres áreas donde el acuerdo necesita mayor claridad:
- Responsabilidad por la custodia de los dispositivos que sean retirados por uso indebido: el documento no especifica quién se hará cargo del resguardo ni bajo qué condiciones.
- Sanciones y criterios para el incumplimiento de las normas: faltan definiciones claras sobre medidas disciplinarias y cómo serán aplicadas de manera equitativa.
- Mecanismos de evaluación para medir resultados: no se establece un sistema para monitorear si las restricciones mejoran el aprendizaje o la convivencia escolar.
Contexto y consecuencias potenciales
La regulación llega en un momento en que las escuelas enfrentan tensiones entre el deseo de reducir distracciones y la necesidad de garantizar acceso a recursos digitales. En muchos planteles, el teléfono móvil es una herramienta educativa improvisedamente adoptada por la falta de infraestructura. Limitar su uso sin ofrecer alternativas puede profundizar la brecha tecnológica entre estudiantes.
Además, delegar la elaboración de los protocolos a cada plantel implica que habrá una variabilidad significativa en la implementación: mientras algunas escuelas podrían desarrollar políticas claras y respetuosas de derechos, otras podrían imponer medidas más punitivas o inaplicables por falta de personal o recursos.
| Ambito | Disposición destacada |
|---|---|
| Primaria y secundaria | Restricción con excepciones (educativas, discapacidad, necesidades extraordinarias) |
| Media superior y superior | Uso controlado; acuerdos internos por plantel |
| Implementación | Comienza el 3 de noviembre |
Sin claridad sobre responsabilidades y sin garantías de infraestructura, especialistas temen que la medida genere conflictos en las escuelas y no atienda de fondo problemas como la brecha de conectividad o la falta de formación docente en educación digital.
En las próximas semanas, la discusión se trasladará a los planteles y a los consejos técnicos escolares que deberán diseñar y aprobar los protocolos. Para que la medida cumpla su propósito educativo será necesario acompañarla con recursos, capacitación y un sistema de evaluación que permita ajustar la política según resultados y contextos locales.
