Avance del expediente y calendario posible
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados señaló que podría reactivar en septiembre la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, después de mantener el expediente abierto y hacer revisiones a la documentación enviada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.
El expediente sobre el exmandatario proviene de una solicitud presentada por las autoridades estatales en julio de 2025. Desde entonces, los diputados han realizado observaciones y sostenido comunicación con las instancias que integran la investigación, según informó el presidente de la Sección Instructora, el diputado Hugo Eric Flores.
Hechos recientes que reactivan la atención
La reapertura del debate ocurre en medio de la detención de dos personas vinculadas al círculo cercano de Moreno, hechos que podrían aportar nuevas pruebas al expediente en la Cámara baja. Los detenidos son:
- Luis Antonio Espinosa Campos, señalado como supuesto contador del hermano de Alejandro Moreno.
- Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social en la administración estatal de Moreno.
Ambos son investigados por su presunta participación en una red dedicada al desvío de recursos públicos y a operaciones con empresas que habrían emitido facturas por operaciones simuladas, según las diligencias en curso.
La acusación central: monto y periodo
El caso contra Alejandro Moreno cobra especial relevancia por la imputación de la Fiscalía de Campeche en el sentido de un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante el periodo en que gobernó la entidad, que comprende los años 2015 a 2019. Ese monto es el eje material de la solicitud de juicio de procedencia que está en análisis.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 2015–2019 | Periodo por el que se imputa el presunto desvío de 83.5 mdp |
| Julio 2025 | Presentación de la nueva solicitud de juicio de procedencia por la Fiscalía de Campeche |
| Agosto 2026 | Detenciones de dos personas vinculadas al caso; posibilidad de reactivar el proceso en septiembre |
Implicaciones políticas y procedimiento legislativo
Si la Sección Instructora decide sesionar y emitir un pronunciamiento, el trámite seguirá el procedimiento establecido para juicios de procedencia: revisión del expediente, audiencias si procede y, en su caso, un dictamen que la propia Cámara de Diputados debe votar. El presidente de la Sección Instructora afirmó que existen elementos que permitan convocar próximamente a esas sesiones, aunque no especificó fechas concretas.
En el plano político, la reactivación del tema vuelve a colocar al PRI y a su liderazgo en el centro del debate público. Un proceso de esta naturaleza no sólo tiene consecuencias legales para la persona sujeta al juicio de procedencia, sino que también impacta la estrategia política y la percepción pública sobre el partido.
Respuesta del gobierno federal
En paralelo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se deslindó públicamente de las recientes capturas, al precisar que las indagatorias corresponden a la Fiscalía de Campeche y no a la Fiscalía General de la República. Con esa aclaración, el Ejecutivo federal busca marcar distancia institucional respecto a un proceso que puede tener repercusiones políticas en el calendario nacional.
Lo que sigue
Los próximos pasos dependerán de si las autoridades estatales comparten ante la Cámara elementos adicionales derivados de las detenciones y de la velocidad con la que la Sección Instructora agende sesiones de trabajo. Mientras tanto, el expediente permanece abierto y bajo revisión.
El eventual regreso del tema al pleno legislativo en septiembre se observa como una fecha clave para definir si la solicitud de juicio de procedencia avanza hacia la etapa de votación o si se requieren nuevas diligencias antes de tomar una decisión definitiva.
