La Secretaría de Cultura federal documentó el pago de 28 millones de pesos (IVA incluido) por una sola presentación del cantante Carín León en Tijuana, según un oficio de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales fechado el 19 de marzo de 2026. El contrato, adjudicado de manera directa, tenía una vigencia de apenas tres días y formó parte del denominado Circuito Nacional de Conciertos por la Paz, enmarcado dentro de la “estrategia de atención a jóvenes” del gobierno federal.
Detalles del contrato y del procedimiento
El documento oficial, identificado como oficio No. DGPFC/0240/2026 y firmado por la titular de la DGPFC, consigna que la empresa adjudicada fue 2 Hands Production Services, S.A. de C.V. (RFC DHP140131N10), representada legalmente por José Arandas Cuevas. La transacción se formalizó mediante adjudicación directa —es decir, sin concurso ni licitación pública— en la séptima sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones celebrada el mismo 19 de marzo de 2026.
"una presentación artística musical de Carín León, especializada en el género 'Regional Mexicano'"
El oficio también especifica la partida presupuestal 33901 y el número de contrato: SC/DGPFC/CAAS/00025971/2026. La vigencia del contrato aparece registrada del 20 al 22 de marzo de 2026. En la primera página del oficio hay una anotación manuscrita que indica la recepción del original el 19 de marzo a las 19:00 horas, con una firma atribuible al representante legal de la empresa contratada.
Fundamento legal y contexto
El oficio invoca como sustento jurídico diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) —entre ellas los artículos 30 fracción II, 33 (párrafo primero), 35 fracción III, 53 (párrafo primero) y 54 fracción I— así como el artículo 109 fracción II de su Reglamento. Esas normas permiten, en circunstancias concretas, la contratación directa por las dependencias federales sin convocar a licitación pública.
El concierto fue incluido en la programación del Circuito Nacional de Conciertos por la Paz, iniciativa que se ha presentado como parte de programas destinados a atender audiencias jóvenes. No obstante, el monto reportado por una sola presentación y la vía de adjudicación han puesto el acto administrativo bajo escrutinio público y mediático.
Implicaciones y preguntas abiertas
La magnitud del pago, la brevedad de la vigencia contractual y la ausencia de concurso público suscitan interrogantes sobre criterios de gasto, justificación técnica y transparencia en la contratación. Entre los aspectos que plantea el caso están:
- La relación costo-beneficio de asignar 28 millones de pesos a una sola fecha.
- La aplicación de la adjudicación directa frente a otras formas de contratación que podrían haber permitido competencia entre oferentes.
- La documentación complementaria que explique alcances, entregables y medición de impacto del evento en la población joven objetivo.
Estos puntos adquieren relevancia en un momento en que las políticas culturales y el uso de recursos públicos son objeto de escrutinio por parte de la sociedad, medios y órganos fiscalizadores. Hasta el cierre de la nota no se ha difundido en el oficio público información técnica adicional sobre costos desglosados, logística, o criterios de selección del artista y la empresa productora.
Registro público y pasos a seguir
El oficio de la DGPFC constituye un registro oficial de la operación, con firma y anotación de recepción, y permite trazar con precisión administrativa la decisión tomada. No obstante, para comprender el alcance real del gasto y el cumplimiento de los fines señalados por la Secretaría —atención a jóvenes y fomento de la paz— sería necesario acceder a anexos contractuales, estudios previos o evaluaciones posteriores al evento, documentos que no se incluyen en el oficio citado.
La combinación de un artista de alta demanda, un contrato de corto plazo y una cifra significativa obliga a un escrutinio detallado de la gestión pública cultural; un escrutinio que, en democracias pluralistas, sirve tanto para resguardar recursos como para garantizar que los proyectos artísticos cumplan objetivos de política pública y acceso cultural.
