CIUDAD DEL CARMEN, Camp. — Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde con licencia y coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, lanzó críticas directas contra Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche, y la señaló de evadir responsabilidades en la administración de la seguridad pública estatal.
Choque público tras comparecencia en el Congreso
La controversia surgió luego de que Muñoz Martínez compareciera ante el Congreso de Campeche y clasificara a la junta municipal de Sabancuy como una zona de alto conflicto. En respuesta, Gutiérrez cuestionó los diagnósticos de la SPSC sobre Ciudad del Carmen y denunció irregularidades en el despliegue de las fuerzas estatales en ese municipio.
En una transmisión por redes sociales, el aspirante a la gubernatura afirmó que la funcionaria recurre a maniobras para ocultar errores y deslindarse de la responsabilidad pública. En sus palabras:
“Hemos sido respetuosos con ellos pese a muchas circunstancias que no nos parecen: manejos de las estrategias de seguridad muy raros, que no parecen los más correctos. Creo que se le sale de las manos el control, genera cortinas de humo, genera información a modo y le echa la culpa a los demás; nunca es responsabilidad de ella la seguridad pública del estado”.
Acusaciones vinculadas al paro de la Policía Estatal
Gutiérrez Lazarus vinculó además la gestión de Muñoz Martínez con el paro de la Policía Estatal ocurrido entre marzo y junio de 2024. Esa protesta, explicó, fue consecuencia de un operativo en el penal de Kobén que dejó a elementos lesionados y generó denuncias por agresiones físicas y sexuales.
El alcalde con licencia señaló que durante la suspensión de labores la titular de la SPSC no habría atendido debidamente la situación de los policías afectados: “Vimos lo que pasó cuando hubo el paro de la policía estatal en la capital del estado: cuántos días dejó a los policías, no le importó la policía”, manifestó.
Implicaciones políticas y de seguridad
La acusación pública de un militante cercano a la Cuarta Transformación contra una secretaria estatal abre varios frentes:
- Político: tensión interna en la coalición de gobierno en el estado, en un momento en que actores locales se posicionan rumbo a procesos electorales.
- Operativo: cuestionamientos sobre la eficacia y la transparencia en el diseño y ejecución de las estrategias de seguridad.
- Social: impacto en la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para garantizar orden y protección.
Hasta el momento no se ha publicado una respuesta oficial de la SPSC o de Marcela Muñoz Martínez a las imputaciones hechas por Gutiérrez. La situación plantea también interrogantes sobre la rendición de cuentas en la materia y sobre los canales institucionales para dirimir discrepancias entre autoridades municipales y estatales.
Hechos previos citados por el denunciante
| Hecho | Fecha referida | Relevancia |
|---|---|---|
| Paro de la Policía Estatal | marzo-junio de 2024 | Mostró fracturas internas y señaló fallas en la atención de personal afectado |
| Operativo en penal de Kobén | Relacionado con el paro de 2024 | Dejó elementos lesionados y denuncias por agresiones |
| Comparecencia ante el Congreso | Agosto de 2026 | Muñoz clasificó a Sabancuy como zona de alto conflicto; detonante de la respuesta pública |
Qué sigue
La disputa pública entre un aspirante a la gubernatura y la titular de la SPSC podría generar:
- Requerimientos de información formal por parte del Congreso a la Secretaría para aclarar los diagnósticos y los criterios de clasificación de riesgo en los municipios.
- Demandas ciudadanas por mayor transparencia en los despliegues policiales y en la atención a las denuncias por abusos en operativos penitenciarios.
- Movimientos internos en la alianza política si la tensión escala y se suman otros actores.
La acusación pública añade presión sobre el gobierno estatal para ofrecer información precisa sobre los criterios y resultados de su política de seguridad. En un contexto donde la percepción de riesgo influye en la vida cotidiana y en la agenda política local, las autoridades deberán explicar con datos y plazos cómo prevén recuperar la confianza ciudadana.
WE NEWS seguirá la evolución del conflicto y buscará la versión de la SPSC y del Congreso para documentar su desarrollo y las respuestas institucionales.
