El presidente municipal de San Salvador, Norberto Martínez Cruz, relató que fue sacado del Palacio Municipal y trasladado a la delegación de La Flor por habitantes que ingresaron al edificio el martes alrededor de las 10:00 horas para exigir la atención de un pliego petitorio de ocho puntos. El alcalde dijo que permaneció retenido junto con el síndico y regidores hasta cerca de las 4:00 horas del miércoles, cuando negociaciones con representantes del Gobierno estatal permitieron su liberación.
Relato de la agresión y el desarrollo del conflicto
Según el alcalde, los manifestantes irrumpieron en el ayuntamiento mientras él atendía una audiencia con vecinos de Boxtha Chico. Afirma que fue sacado por la fuerza, que le retiraron el teléfono celular y que durante la retención sufrió agresiones físicas.
“A mí me empezaron a agredir y me empezaron a golpear”.
El gobierno municipal activó protocolos de seguridad tras los hechos, pero después la propia comunidad solicitó el retiro de los elementos policiales para continuar con el diálogo. Martínez Cruz también declaró que, aunque ha identificado actores políticos detrás de la movilización, se abstuvo de señalar directamente al exalcalde Armando Azpeitia Díaz.
La demanda central: un proyecto de agua pendiente desde 2020
Una de las principales reclamaciones de los habitantes de La Flor es la conclusión de un proyecto de rehabilitación del servicio de agua potable que, según el alcalde, tiene su origen en gestiones iniciadas por la administración anterior en 2020. El actual Ayuntamiento elaboró un proyecto en 2024 y, una vez solucionados asuntos de documentación sobre las vías de distribución —varios predios por donde pasarían las líneas carecen de escrituras—, ingresó la iniciativa ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en mayo de 2026.
En cifras aportadas por la autoridad municipal, el proyecto está valuado en 2.8 millones de pesos, de los cuales el Ayuntamiento ya ha invertido 1 millón de pesos. Además, el Ayuntamiento propuso aportar otros 700 mil pesos mediante un esquema de coinversión al 50 por ciento con la Federación.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Valor estimado del proyecto | 2.8 millones de pesos |
| Inversión municipal realizada | 1 millón de pesos |
| Oferta de coinversión municipal | 700 mil pesos (esquema 50-50 con la Federación) |
| Ingreso a Conagua | Mayo de 2026 |
Contexto administrativo y legal
El retraso en la puesta en marcha del sistema de agua ha sido atribuido por la autoridad municipal a problemas en la regularización de los derechos sobre los predios por donde deben pasar las tuberías. Ese tipo de obstáculos administrativos es frecuente en proyectos de infraestructura municipal cuando existen servidumbres, falta de escrituras o conflictos de propiedad que condicionan la posibilidad de ejecutar obras con recursos federales o mixtos.
- La protesta reunió a pobladores que exigieron el cumplimiento de ocho demandas.
- Durante la retención, se impidió el uso de teléfonos a las autoridades retenidas.
- La liberación ocurrió tras la intervención de representantes estatales en negociaciones con la comunidad.
El caso pone en relieve dos tensiones recurrentes en la administración pública local: la presión social por servicios básicos esenciales y la gestión técnica y legal necesaria para acceder a fondos federales o convenios con la federación. Además, la mención de posibles intereses políticos detrás de la movilización introduce un matiz de competencia y disputa entre actores locales, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que respalden esa afirmación.
En lo inmediato, la atención se centrará en que las partes cumplan los acuerdos alcanzados en la madrugada del miércoles y en que las autoridades aceleren los trámites que permitan destrabar la ejecución del proyecto hidráulico. La combinación de inversiones municipales ya realizadas y la solicitud de cofinanciamiento federal crean una ruta técnica para su realización, pero ello dependerá de resolver primero las cuestiones de propiedad y de concretar los recursos comprometidos.
La retención y el informe de agresión contra el alcalde exigen, además, una revisión institucional sobre protocolos de seguridad y mecanismos de diálogo con comunidades que llevan años esperando obras. La forma y el resultado de la negociación en La Flor tendrán consecuencias prácticas para la gobernabilidad local y para la percepción ciudadana de capacidad de respuesta del gobierno municipal.
