Un conflicto administrativo entre organismos del Estado ha dejado sin cobrar a fecha de 2023 más de 7,4 millones de euros por la asistencia sanitaria especializada prestada a personas alojadas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo a la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
Volumen de la deuda y facturación pendiente
El informe señala la existencia de 29.307 facturas pendientes de cobro, que suman un total de 7.404.869 euros, correspondientes a servicios prestados entre 2005 y 2023. Para evitar que parte de esas cantidades prescribieran, INGESA decidió en 2022 volver a emitir el 17% de las facturas pendientes.
La identificación del organismo obligado al pago ha sido el núcleo del litigio. Un informe jurídico de INGESA, fechado en junio de 2021, concluyó que el coste debía ser asumido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al entender que era el competente para sufragar la atención sanitaria de las personas acogidas en los CETI.
Acciones administrativas y judiciales
Siguiendo ese criterio, la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla emitió varias liquidaciones por la asistencia prestada a los internos del CETI. El Ministerio de Inclusión impugnó esas liquidaciones ante los tribunales en relación con los servicios prestados entre el 1 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2023.
El procedimiento judicial quedó archivado tras la retirada del recurso por parte del Ministerio de Inclusión el 19 de noviembre de 2024, y el archivo se formalizó el 27 de enero de 2025. No obstante, el informe del Tribunal de Cuentas constata que la deuda no se ha cobrado en su totalidad a la fecha del análisis.
Impacto y razones del retraso
El retraso en el pago y la prolongación del conflicto se explican por la dificultad de encuadrar la competencia entre diferentes organismos del Estado y por el tiempo que han ocupado los procedimientos administrativos y judiciales. El propio Tribunal advierte del riesgo de prescripción de partidas y la necesidad de emitir de nuevo documentos para preservar el derecho al cobro.
La situación se produce en un contexto de presiones sobre los CETI, especialmente tras episodios de entradas masivas de personas por la frontera que tensionaron los recursos y la atención sanitaria en ambas ciudades autónomas.
Datos clave
- Facturas pendientes: 29.307
- Importe total: 7.404.869 euros
- Período cubierto: 2005-2023
- Reemisión en 2022: 17% de las facturas pendientes
- Archivo judicial: procedimiento archivado el 27 de enero de 2025
| Año / Periodo | Hecho relevante |
|---|---|
| 2005-2023 | Facturas correspondientes a la asistencia sanitaria en CETI |
| Junio de 2021 | Informe jurídico de INGESA atribuyendo el coste al Ministerio de Inclusión |
| 2022 | Reemisión del 17% de las facturas para evitar la prescripción |
| 19 nov 2024 - 27 ene 2025 | Retirada del recurso y archivo del procedimiento judicial |
Consecuencias administrativas y sanitarias
El impago prolongado puede afectar a proveedores y centros que prestaron la atención especializada, y complica la planificación presupuestaria de los servicios sanitarios en las ciudades autónomas. Además, la reemisión de facturas para evitar la prescripción evidencia la erosión de los mecanismos administrativos para resolver de forma ágil estas discrepancias sobre competencias y financiación.
El informe del Tribunal de Cuentas pone el foco en la necesidad de clarificar responsabilidades entre organismos estatales para garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de la atención a las personas atendidas en los CETI.
Situación actual y pasos siguientes
Aunque el recurso judicial fue retirado y el caso archivado formalmente, el documento de fiscalización constata que la deuda no ha sido satisfechas en su totalidad. Las administraciones implicadas deberán acordar mecanismos de pago o compensación para resolver las facturas pendientes y evitar nuevos costes por intereses o procedimientos adicionales.
La resolución de este conflicto resultará relevante para la gestión sanitaria en Ceuta y Melilla y para la relación interadministrativa entre las competencias sanitarias regionales y los ministerios estatales encargados de la atención a personas migrantes en situación de acogida.
